La fiscalía pide que se reabra la causa contra la familia Carulla por fraude fiscal

El ministerio público aduce que "existen indicios para sostener que las operaciones sean constitutivas de varios delitos contra la hacienda pública"

El caso Carulla aún no ha terminado. La fiscalía ha presentado un recurso contra el archivo de la causa contra los seis hermanos de la familia Carulla por un presunto delito de fraude fiscal. Según el escrito del fiscal Francisco Bañeres, “existen indicios de cargo suficientes” para sostener que los hermanos defraudaron a Hacienda en operaciones de compraventa de acciones entre empresas del conglomerado Agrolimen. Algunas de esas sociedades están radicadas en países con un trato fiscal muy favorable.

La naturaleza de esas operaciones de compraventa, que se realizaron en 2006 por un monto total de 61,5 millones de euros, centra la discusión. Según un perito que declaró durante la investigación, se trató de una simple “recolocación de fondos” en el marco de una reorganización estructural del grupo. Había, por tanto, una motivación económica sólida para acometerla. Basándose en a ese informe, el juez de instrucción decidió archivar el caso con el argumento, además, de que la operación fue avalada por las “autoridades fiscales holandesas”.

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El fiscal discrepa y considera que la operación consistió en un reparto de dividendos por 61,5 millones que “acabaron aterrizando en los patrimonios” de los imputados, que se libraron de tributar los impuestos de la renta y del patrimonio de 2006. Según el ministerio, cada uno de los hermanos —Lluís, Maria, Montserrat, Artur, Aurèlia y Jordi— defraudó alrededor de un millón de euros al fisco.

Negocios “aparentes”

“Se sucedieron una serie de negocios dirigidos a dar una apariencia de pulcritud fiscal a la percepción de las sumas por parte de los imputados”, señala el fiscal, quien añade que tras las operaciones “no ha existido ninguna alteración accionarial sustantiva”, lo que, en su opinión, refuerza las sospechas. La compraventa se hizo a través de una sociedad radicada en Holanda pero que pertenecía a una sociedad domiciliada en las Antillas holandesas; esta, a su vez, a una sociedad de Belice, propietaria de otra con domicilio en Costa Rica.

El recurso de apelación será impugnado por las defensas de los Carulla, que ejercen los abogados Emilio Zegrí y Fermín Morales. La Audiencia de Barcelona deberá decidir si, como pide el fiscal, admite el recurso y obliga al juez a abrir juicio oral.

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