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La Generalitat aviva la guerra con Renfe tras imponerle 125 sanciones

La operadora podría enfrentarse a sanciones por un valor de 3,7 millones de euros

Renfe responde con alegaciones y asegura que la Generalitat le adeuda 291 millones

Huelga en Renfe el pasado 17 de septiembre.
Huelga en Renfe el pasado 17 de septiembre.

Por primera vez en la historia, la Generalitat impondrá 125 multas a Renfe por los fallos graves ocurridos en el servicio de cercanías y regionales de Cataluña el pasado mes de septiembre. Así lo anunció ayer el consejero de Territorio, Lluís Recoder, que, a 20 días de las elecciones catalanas, se marcó un tanto en la guerra institucional que su departamento mantiene con la empresa del Ministerio de Fomento, a la que acusa de no cumplir los compromisos de inversión. La compañía ferroviaria recurrirá los expedientes sancionadores y acusó a la Generalitat de “confundir a la opinión pública”.

Las multas tensan todavía más las relaciones entre Generalitat y Renfe, que mantienen rotos los puentes de diálogo desde el pasado mes de junio, pese a que Recoder señaló ayer que “el diálogo es permanente”. Entonces el Departamento de Territorio, titular del servicio, se negó a aprobar el nombramiento del nuevo director de Renfe en Cataluña, Miguel Pérez, y no ha vuelto a convocar el órgano mixto formado por el Ejecutivo catalán y Renfe para la gestión del servicio ferroviario.

En el centro del enfrentamiento se encuentran las reivindicaciones lanzadas por Recoder en los dos años que lleva como responsable de Territorio. Primero, el déficit de inversiones en la red ferroviaria catalana por parte de Adif y Renfe; después, la posibilidad de que la Generalitat pueda decidir qué operador ferroviario explota cercanías y regionales en Cataluña, una clara amenaza a Renfe por un servicio plagado de incidencias. Esa segunda exigencia se encuentra en vías de resolución si se cumplen los plazos establecidos para la liberalización del servicio ferroviario de pasajeros en España, prevista para la segunda mitad de 2013.

En ese marco, la Generalitat lleva meses en una posición intransigente que ha acabado con las multas presentadas ayer, conocidas antes por los medios de comunicación que por la propia operadora. El gabinete de Recoder aprovechó una huelga encubierta de los maquinistas de Renfe el pasado mes de septiembre para asestar el golpe. La Dirección General de Transportes de la Generalitat abrió un expediente informativo que ha acabado en las 125 sanciones por infracciones graves. La multa, que está pendiente de determinar, podría alcanzar los 3,75 millones de euros.

Y lo más probable es que en los próximos meses haya más sanciones, a tenor de la campaña de controles que los inspectores autonómicos de transporte hicieron entre el 15 y el 26 de octubre. En ese corto plazo, los 12 técnicos de la Generalitat efectuaron 1.393 controles en la red ferroviaria catalana y detectaron 858 incidencias, desde mensajes de megafonía ininteligibles o posteriores a la salida de los trenes a máquinas de expedición de billetes que no funcionaban.

El director general de Transportes, Ricard Font, admitió ayer que la campaña realizada en octubre era la primera de carácter exhaustivo emprendida por la Generalitat para detectar incidencias en el servicio y las infraestructuras que explota Renfe. El estudio más pormenorizado de esa evaluación sobre el terreno, que podría comportar expedientes sancionadores por infracciones leves y graves, se conocerá dentro de tres meses, una vez superadas las elecciones autonómicas y conocido si Recoder permanece como consejero de Territorio.

El propio consejero aseguró ayer que tiene intención de cobrar la multa que se acabe determinando. “Contamos con cobrar, evidentemente. No podemos entender que pase otra cosa”, añadió.

Mientras tanto, nada apunta a que la espiral de tensión entre ambas Administraciones vaya a cambiar a corto plazo. Renfe, que se ha mantenido en un segundo plano y ha intentado obviar las críticas llegadas desde la Generalitat, podría plantearse esta semana un cambio de estrategia en su política comunicativa.

Ayer lo hizo parcialmente cuando tomó los expedientes sancionadores como una maniobra de calado político —“estamos en campaña”, aseguraron fuentes de la operadora— y respondió con la misma arma. A través de un comunicado, la operadora acusó a la Administración autonómica de deber 291 millones de euros a Renfe, por lo que las sanciones, si las hubiera, se descontarían de ese pasivo. Según los cálculos de la compañía, la Generalitat le adeuda todavía el coste de la prestación del servicio de parte del ejercicio de 2010 y del conjunto de 2011 y 2012, además de algunas cantidades en materia de inversiones adicionales que ha demandado el Gobierno catalán sin haberlas sufragado.

El Departamento de Territorio replicó que la Generalitat “no debe ni un euro” a Renfe y que, en todo caso, sería el Ministerio de Fomento el que ha dejado de abonar los 145 millones de euros que cuesta cada año el servicio de cercanías y regionales en Cataluña. En parte, esa diferencia de interpretaciones se debe a la negativa del Gobierno catalán a firmar el contrato programa que financia el servicio ferroviario de corta y larga distancia en la comunidad. Ese instrumento de financiación debería estar activo desde el 1 de enero de 2011 hasta 2015 y, sin embargo, no se ha suscrito todavía, lo que representa que la Generalitat no admite las condiciones del contrato

Territorio se niega a hacerlo porque entiende que no hay garantías de financiación por parte del Estado, que al final es el que paga esa partida previa consignación de los Presupuestos Generales del Estado. “Quieren mandar, pero no pagar”, sostenían, no obstante, representantes de Renfe, al poner de manifiesto que desde el traspaso de las competencias pactadas por el tripartito, la Generalitat debería asumir sus responsabilidades. “Este bloqueo injustificado está impidiendo llevar a cabo mejoras consensuadas en beneficio de los pasajeros”, asegura Renfe. Otro litigio pendiente entre ambos protagonistas gira en torno a las nuevas condiciones generales de utilización de los servicios ferroviarios en Cataluña, que aprobó la Generalitat en octubre.