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El Gobierno andaluz programa la creación del banco de tierras en 2013

IU estudia el marco normativo para la cesión de fincas públicas a parados

Jornaleros cultivan un huerto en la finca pública Somontes de Palma del Río (Córdoba). Ampliar foto
Jornaleros cultivan un huerto en la finca pública Somontes de Palma del Río (Córdoba).

La Junta de Andalucía, al contrario que el Gobierno central, sí creará el banco de tierras para parados con las fincas públicas. El fracaso en la venta de 20.000 hectáreas de tierras del desaparecido Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), por las que sólo ingresaron 10,6 millones de los 75 previstos, ha dejado el inventario casi hecho. IU pone fecha: el próximo año. Su grupo ya trabaja en la regulación, que tendrá que pactar con el PSOE.

Hace dos años que la Junta renunció a la Reforma Agraria, una demanda histórica jornalera que suponía la puesta a disposición de los trabajadores de tierras ociosas. Nunca se llevó a cabo y terminó con la oferta de las fincas para su venta. “No tiene sentido que la Junta sea propietaria de tierras”, argumentó la entonces consejera de Agricultura, Clara Aguilera. Pero la crisis se llevó por delante las expectativas de los agricultores por hacerse con las explotaciones y, ante la falta de crédito, muchas subastas quedaron desiertas y centenares de hectáreas sin adjudicar.

IU quiere esas fincas para los parados y el presidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, según informó su segundo en el Ejecutivo autónomo y coordinador de la federación de izquierdas, “se ha mostrado como un gran colaborador”.

La portavoz de IU en la comisión de agricultura, Dolores Quintana, explicó que llevan varios meses trabajando en el “marco normativo”, uno de los principales escollos y uno de los argumentos del Gobierno central para rechazar la iniciativa en el ámbito estatal. “La adjudicación de aprovechamientos a terceros” se limitará al “procedimiento establecido en la legislación de contratos del sector público, que necesariamente deben incluir la publicidad y la libre concurrencia”, afirma el Ministerio para, prácticamente, excluir a los parados de una oferta pública de tierras.

Quintana parte del convencimiento de que “todo patrimonio público tiene que servir, en estos momentos, para crear empleo”. Con esta premisa, se han fijado en las tierras del IARA, que dispone de extensiones en todas las provincias y muchas de ellas no tienen salida. Prueba de ellos son las más de 700 hectáreas de las fincas Majarambú (Castellar-Cádiz), Cortijo Vaqueros (Motril-Granada), Paraje Barruelos (Chiclana de Segura-Jaén) y Somontes (Palma del Río-Córdoba) cuya subasta ha sido suspendida o declarada desierta.

La intención de IU, según explica la diputada, es que el uso de estas tierras sea cedido de forma gratuita a parados de la zona organizados en cooperativas o mediante convenio con ayuntamientos.

Los adjudicatarios obtendrían un salario en función de los beneficios de la explotación y sus productos se comercializarían en “canales cortos”, es decir, que se venderían en mercados locales.

Los cultivos tendrían que ser sociales —se primaría aquellos que generen más empleo— y adecuados a la zona y a las características de las tierras.

Quintana admite que el proyecto no ha pasado aún a discusión con la Consejería de Agricultura, a la que pide que se implique claramente.

Agricultura, en su idea inicial, no es partidaria de primar lo local sino la igualdad de oportunidades. Su pretensión es que, si hay cesión de uso de una finca pública, se beneficie cualquier ciudadano interesado y que promueva la explotación en régimen de cooperativa, la producción ecológica y la implantación de planes viables que sirvan para mejorar las tierras.