Feijóo plantea tras las elecciones su primer pulso judicial a Rajoy

Alberto Núñez Feijóo no esperó ni dos semanas tras las elecciones para enviar su primer recado a Madrid. El presidente de Galicia —en funciones hasta su investidura, el próximo mes de diciembre— anunció ayer tras el Consello de la Xunta que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa estatal que suprime las primas a la energía eólica impulsada por su propio partido. El Real Decreto 1/2012 publicado el pasado 28 de enero, una de las primeras iniciativas tomadas por el ministro José Manuel Soria, fue un duro varapalo para el sector eólico gallego porque suprimió de un plumazo toda posibilidad de desarrollo de nuevos parques. “Compartimos con el gobierno de España la necesidad de solucionar el problema del déficit tarifario, que es insostenible. Es una situación heredada, que lleva a un déficit de 24.000 millones y que podría llegar a 40.000 en el año 2020 en el supuesto de que el Gobierno central no actuase”, introdujo Feijóo. “Igual que decimos esto, tenemos discrepancias con algunos puntos del Real Decreto. La reducción de primas implica que algún proyecto previsto en Galicia podrían tener dificultades en su desarrollo. Hay razones jurídicas que nos llevan a tomar esta decisión”, aseguró.

El recurso se basa en la supuesta “invasión de competencias estatutarias”, y en que la suspensión del pago de las primas por un tiempo indefinido “impide que las Comunidades Autónomas ejerzan sus competencias de planificación”. Feijóo dejó caer que la regulación de Industria ni siquiera tendrá efecto “sobre el déficit estructural que se crea cada año y sobre el déficit histórico acumulado”. Lo curioso es que, más allá de su efectividad real —el propio sector acogió el anuncio con extrema frialdad porque el desenlace podría demorarse varios años—, la decisión augura una posición mucho más beligerante de la Xunta en la próxima legislatura frente a las decisiones de Madrid. Al fin y al cabo Feijóo, con una mayoría absoluta ampliada en las urnas, ha sobrevivido los últimos cuatro años navegando entre continuos recortes presupuestarios que le han obligado a aparcar buena parte de su programa. Con la decisión de ayer advierte que los palos en las ruedas a su política económica tendrán contestación. “Entendemos que existía un marco económico excesivamente atractivo para determinadas instalaciones poco eficientes \[de energía fotovoltaica y termosolar\], pero el resto de tecnologías, como la eólica, eran eficientes. Hay un compromiso con un sector estratégico para nuestra economía”.

Desde la patronal EGA creen que es “positivo”, que la Xunta “tome las riendas y que intente buscar con el Gobierno ese régimen retributivo justo”. “Lo lamentable es haber llegado hasta aquí y que por parte del Gobierno no se reconozca la problemática que causó el Real Decreto. Esperamos que antes de resolverse el recurso de inconstitucionalidad, que puede tardar años, se consiga una retribución favorable”, concluyen las empresas, muy molestas con la gestión de la Consellería de Economía. Contra la normativa del ministerio, la Xunta improvisó el pasado enero una alternativa para intentar que el Gobierno mantuviese las ayudas a los parques que alcanzasen las 2.500 horas de viento anuales, —los gallegos superan esa media—, frente a la media de viento en España, de 2.200 horas. La propia patronal criticó abiertamente la alternativa.

Sea como sea, en el aire siguen actualmente los 2.325 megavatios del concurso eólico que iban a sacar a Galicia de la crisis gracias a una inversión de 6.000 millones de euros y la creación de 13.000 empleos. Gas Natural, la primera empresa beneficiada, ha aparcado inversiones de 1.000 millones.