Un juzgado donostiarra celebra una vista para tratar de evitar un desahucio

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de San Sebastián celebró ayer la primera vista oral que se celebra en Gipuzkoa en la que se analiza el recurso interpuesto por la plataforma Stop Desahucios para evitar que un jubilado donostiarra sea desalojado de su vivienda en un barrio de la capital guipuzcoana.

El portavoz de la citada plataforma, Mikel Sánchez, explicó que este juicio supone “una luz en la oscuridad” porque es la primera vez en Euskadi, según este colectivo, que “un juez ha determinado una vista oral para escuchar a la defensa de un afectado por un desahucio”.

Los letrados de Stop Desahucios proponen en este caso que la dación en pago ya realizada por el afectado es “suficiente” para saldar la deuda contraída con el banco. En este caso se trata del jubilado Iñaki González, residente en el barrio donostiarra de Herrera, que en 2008 compró un local cercano a su domicilio para reformarlo con el objeto de hacer en él una vivienda para uno de sus hijos.

Para ello solicitó una hipoteca de 80.000 euros a la Kutxa de Gipuzkoa, actualmente integrada en Kutxabank, que tasó el local en 113.000 euros. Sin embargo, según explicó ayer el propio afectado a los medios de comunicación antes de entrar en la sala del juzgado, no pudo hacer frente a los pagos de la hipoteca, por lo cual mediante un “procedimiento ejecutivo” Kutxa se adjudicó el local por 68.000 euros, el 60 por ciento del valor inicial de tasación, informa Efe.

A pesar de que González entregó las llaves del inmueble al banco, este le reclama 12.000 euros en concepto de intereses vencidos y 23.000 para intereses y costas judiciales, una cantidad que al jubilado, que cobra una pensión de 417 euros, le es imposible afrontar, señaló. Ante esta situación, Kutxabank ha solicitado los registros de posibles bienes que pudiera tener el afectado, como su domicilio habitual para seguir ejecutando la hipoteca.

“Ya está en venta el local por el que pedí el préstamo, por 119.000 euros, pero no les basta con eso. Ahora quieren el piso, el coche y todas mis pertenencias”, se quejó González, quien está dispuesto a “seguir luchando”.

Ante estos hechos, la presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa (Parlamento provincial), Lohitzune Txarola, afirmó que las vistas orales para estos casos deberían “ser obligatorias”. “Si un juez puede decidir dejar a una persona o una familia entera sin casa, estos deben tener el derecho a ser escuchados por el juez”, opinó en un comunicado.

El portavoz de Stop Desahucios recordó que en el primer semestre de 2012 en la Comunidad Autónoma vasca se han dictado 15 órdenes de desalojo al mes, tres de ellas en Gipuzkoa, según datos del Consejo General del Poder Judicial. En Gipuzkoa esta asociación defiende a unos 40 afectados por desahucio, aunque todavía no se ha dado el caso de tener que oponerse físicamente a un desalojo porque todos ellos “están en trámite”.