CiU alienta la guerra del comercio

Si se conceden pocas treguas en la batalla por el control del comercio, menos habrá en plena precampaña electoral. El Gobierno catalán lo demostró ayer durante su Consell Executiu, en el que aprobó un decreto ley para intentar blindar su política comercial de la supuesta invasión de competencias llegadas de Madrid.

El presidente Artur Mas no solo intenta aplacar el real decreto aprobado en julio por el Ministerio de Economía, que amplía el calendario de apertura en festivos y los horarios comerciales; también saca la cabeza para demostrar a la parroquia del pequeño comercio, tradicional caladero de votos de CiU, que se está moviendo en defensa de sus intereses. Y por si algún operador tiene dudas sobre qué decreto es el que manda, el estatal o el autonómico, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, se limitó a blandir una advertencia: “Los inspectores de la Generalitat no tendrán dudas sobre qué normativa aplicar”.

Lo cierto, no obstante, es que ninguna de las dos Administraciones da su brazo a torcer. Madrid se arroga las competencias en materia de comercio amparándose en la Constitución y Cataluña hace lo propio en virtud del Estatuto. Ajenas a ese debate, las grandes patronales que representan el comercio de proximidad celebraron el paso dado ayer. Incluso desde UGT aplaudían la decisión, pese a detectar “cierto tinte electoralista” en la maniobra. Anged, la patronal de las grandes superficies, de momento calla, la misma opción por la que optaron dos de sus socios, Carrefour y Alcampo, los primeros hipermercados que decidieron aplicar el decreto estatal al prolongar su horario semanal hasta las 78 horas.

Eso es lo que quiere atajar la Generalitat. En el fondo, el decreto aprobado ayer no hace más que recoger la normativa que ya regía en Cataluña antes de la última convulsión liberalizadora del Gabinete de Mariano Rajoy: limita a ocho festivos anuales en los que el comercio podrá abrir —contra los 10 decretados por el Estado— y a 72 horas semanales de apertura, frente a 90 fijadas por Madrid.

La Generalitat limita a 72 horas de apertura semanal y un máximo

El decreto aprobado ayer incluye algunas medidas que la Generalitat ya tenía perfiladas para incluir en la nueva ley comercial, paralizada por el adelanto electoral. Una de ellas es una excepción para que los establecimientos comerciales de menos de 300 metros cuadrados y especializados en ocio y cultura que no pertenezcan a ningún gran grupo puedan abrir en festivo. Esa excepción pretende dar libertad a las tiendas de los museos.

Asimismo, entre las excepciones, el Gobierno establece que cuando coincidan dos o más festivos consecutivos será obligatorio establecer uno de ellos como jornada de apertura autorizada. Los únicos festivos en los que se impiden las aperturas son el domingo y el lunes de Pascua, el 1 de mayo, el 24 de junio, el 11 de septiembre y el 25 y el 26 de diciembre.

Fuentes del Departamento de Empresa aseguraron ayer que el decreto pretende “garantizar la seguridad jurídica” para aquellos operadores instalados en Cataluña, después de la nueva norma impulsada desde la Secretaría de Estado de Comercio.

En ese sentido, Francesc Homs señaló que ya el Estatuto de 1979 atribuía el comercio y sus horarios al Gobierno catalán como “competencia exclusiva”. Por el contrario, el Ministerio de Economía argumenta que la Constitución da al Estado el mandato exclusivo sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica, incluida la regulación básica en materia de horarios comerciales.

La Generalitat cree

El Tribunal Constitucional (TC) acabará dirimiendo sobre esas divergencias si la Generalitat presenta, finalmente, recurso de inconstitucionalidad por el real decreto estatal del mes de julio. El Consejo de Garantías advirtió de “invasión de competencias” y abrió las puertas a esa vía, que, de momento, se intenta negociar por la vía de la comisión bilateral Estado-Generalitat.

El Consell Executiu aprobó su contradecreto el mismo día que la Confederación de Comercio de Cataluña presentaba un informe en el que solicitaba a los partidos políticos medidas urgentes para reactivar la economía e incentivar el consumo. Dicho de otra forma, acabar de una vez con la sangría que afecta al sector, que en los nueve primeros meses del año ha destruido 31.500 empleos y el 0,43% de sus establecimientos.

Sin embargo, ni el pequeño comercio ni CiU consideran que las medidas liberalizadoras propugnadas por el Gobierno central incentivarán un nuevo marco que facilite esa recuperación, como sí defienden los grupos de la gran distribución y el PP.