Tres funcionarias de Torrevieja contradicen la versión del exalcalde

Tres funcionarias del Ayuntamiento de Torrevieja desfilaron ayer ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que juzgan al exalcalde Pedro Hernández Mateo por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 de la multimillonaria contrata de las basuras (97,8 millones de euros en diez años). Y las tres tiraron por tierra los principales argumentos esgrimidos el pasado viernes por el exregidor, juzgado en Valencia dada su condición de aforado por ser diputado del PP en las Cortes Valencianas. Según explicaron, el entonces alcalde sí leía y estudiaba lo que firmaba, sí se implicó en la selección del gabinete de abogados que elaboró por 12.000 euros un estudio jurídico que avaló la adjudicación del concurso de las basuras a la unión temporal de empresas Necso-La Generala, y sí hizo que la mesa de contratación que adjudicó el contrato contara con dos miembros más de los habituales.

“Me ordenó que figurase

“El alcalde me ordenó por teléfono que figurase en el escrito que se había consultado con tres despachos”, aseguró sin ambigüedades Pilar García Francés, jefa del servicio de Contratación y oficial mayor del ayuntamiento, donde trabaja desde hace 22 años. El procedimiento de selección del despacho que debía hacer un informe externo era, dada la cuantía a pagar, un contrato menor, y por tanto no era necesario consultar con tres despachos de abogados, lo que sí ocurre con un procedimiento negociado sin publicidad. Sin embargo, y pese a no ser habitual en el procedimiento, Hernández Mateo ordenó que constara que se había consultado a tres firmas, cosa que no se hizo: “Pon que yo he consultado también a los otros dos despachos”, declaró que le ordenó el alcalde García Francés, “me lo dijo expresamente por teléfono, no tengo por qué dudar de su palabra, si él me dice que ha consultado y me ordena que lo haga constar, pues lo hago constar”.

“Me llamó la atención porque es un contrato menor y solo se pone la empresa adjudicataria”, declaró otra testigo, María del Carmen García Vera, auxiliar administrativa desde 1989 que redactó el informe de contratación de la consultora. Y ratificó la anomalía: “Esto no lo he vuelto a ver en mi vida profesional”.

María Pilar Vellisca, secretaria del Ayuntamiento desde hace 26 años, coincidió con la oficial mayor por su parte en que la única vez que la mesa de contratación contó con ocho miembros fue cuando se aprobó la contrata de la basura: “Solo esa vez”.

Hernández Mateo declaró el viernes que firmaba sin mirar todo lo que le presentaban, pero las tres funcionarias desmontaron ese argumento. “Meticuloso, inteligente y con buena memoria”, dijo de él la oficial mayor. García Vera añadió que hasta hacía correcciones a los documentos. Y Vellisca lo definió como “prudente, inteligente y meticuloso”.

Un abogado declara que

Por otra parte, también quedó patente en el juicio que la afirmación de que se había consultado con tres despachos de abogados no se sostiene. Si ya en la fase de instrucción del caso dos de los gabinetes negaron haber sido invitados a participar, ayer en el juicio oral la falacia quedó aún más evidente tras la intervención de un testigo. El abogado Santiago González Varas aseguró rotundo ante los tres magistrados que en 2004 ni siquiera tenía un despacho de abogados. El letrado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, declaró que nadie le llamó desde Torrevieja: “Ni hice informes, ni tenía encargos ni facturaciones”. Ante tal contundencia, ni el fiscal, ni el abogado de la acusación popular, ejercida por Los Verdes, ni el letrado de la defensa de Hernández Mateo preguntaron al testigo. Otro abogado de un despacho presuntamente consultado no compareció por enfermedad.

El que sí acudió fue José Luis Villar Ezcurra, representante del despacho Ariño Abogados Asociados, que elaboró el informe por 12.000 euros. En su intervención confirmó que habían trabajado para la firma adjudicataria con anterioridad a este concurso —“hemos trabajado con casi todas las empresas de la Seopac”, en referencia a la patronal de la construcción— pero negó que hubieran asesorado a Necso-La Generala en este concurso. Y como ya ocurrió en su declaración durante la investigación, fue incapaz de decir qué persona del Ayuntamiento se puso en contacto con él para que aceptase el encargo.