Jerez lanza un SOS a la Junta

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García Pelayo, del PP, ha lanzado hoy un SOS a la Junta de Andalucía. La regidora ha pedido por carta al presidente regional, José Antonio Griñán, que las ayudas que recibirá la comunidad del llamado Fondo de Liquidez Autonómica sirvan para atender las necesidades de los municipios con mayores problemas económicos, como es el caso de Jerez.

Andalucía captará un total de 2.133 millones de euros del plan estatal de rescate autonómico. “Igual que el Estado transfiere fondos a la Junta, el gobierno andaluz no debe quedarse con toda esa cantidad, sino hacer posible que se convierta en un balón de oxígeno para el Ayuntamiento”, remarcó Pelayo, al frente de una corporación incapaz de pagar en tiempo y forma los salarios de sus trabajadores y los servicios públicos por una deuda de 1.000 millones de euros. “La vía de diálogo abierta entre el Gobierno de la nación y la Junta debe ahora tener su continuidad hacia los ayuntamientos. Urge que el gobierno andaluz atienda la situación de asfixia que sufren los consistorios”, apostilló.

La alcaldesa pide igualmente a la Junta de Andalucía que liquide los 16 millones de euros de deudas con el consistorio por las llamadas “competencias impropias”, es decir aquellos servicios que corresponden al gobierno andaluz pero que presta el Ayuntamiento. Entre estos servicios, Pelayo destaca la ayuda a domicilio del Plan Concertado, los equipos de tratamiento familiar, el programas de refuerzo a la Ley de Dependencia, a la inmigración, la gestión de residencias de acogida de menores o las guarderías. También figuran entre las competencias impropias las residencias de mayores, de personas con alzheimer, centros de drogodependencia o los programas de envejecimiento activo. “Es una cantidad muy importante frente a los 225 millones de euros del capítulo de gastos de Jerez", aclaró la regidora.

Pelayo puso el acento en la deuda de la Junta en tributos. Jerez ya cifró hace unos meses el impago del gobierno andaluz en concepto de IBI en más de siete millones de euros. Un monto que, en su mayor parte, no reconoce la comunidad autónoma, ya que, según argumentó entonces la Consejería de Obras Públicas, el Consistorio incluye partidas de viviendas que no son propiedad de la Junta.