No hay puntada sin hilo

El Partido Socialista de Euskadi se despide de la gestión económico-financiera al frente del Gobierno vasco con una escenificación plagada de contradicciones. De los acuerdos alcanzados en la sesión maratoniana del Consejo Vasco de Finanzas del pasado martes destacan dos: la aprobación de la recaudación estimada para el año 2013 y la aportación extraordinaria de las Diputaciones en concepto de beneficios fiscales recuperados tras su ilegalización por la Unión Europea.

La recaudación de 2013 ha sido aprobada con los votos favorables de las Diputaciones y la sorprendente abstención de los tres representantes del Gobierno vasco. Difícilmente se puede justificar semejante dejación en un asunto sobre el que pivota todo el entramado presupuestario de la comunidad autónoma. ¿O es que, después de los resultados electorales del 21-O, el Ejecutivo socialista ya no tiene la responsabilidad de gobernar?

Paradójicamente, quien no ha querido pronunciarse sobre la estimación de los ingresos, se ha creído en el deber de marcar las directrices presupuestarias para 2013.

De haber sido el precio 71 y no 14 millones, ¿se lo habría pensado mejor Bildu?

Ha quedado evidenciado que la decisión de incumplir el plazo límite establecido —15 de octubre— para la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, además de contravenir la legalidad, sólo ha servido para debilitar institucional y técnicamente una operación compleja como es la estimación de los ingresos fiscales. Claramente la designación del mes de octubre para celebrar los comicios autonómicos fue una pésima elección desde el punto de vista de la lógica presupuestaria, y, en consecuencia, de la lógica del despliegue de las políticas públicas que el presupuesto concreta.

Respecto a la aportación relacionada con las vacaciones fiscales, lo sucedido en Lakua no pasaría de ser una anécdota banal en otro contexto financiero y político.

Por un lado, el Consejo rompe la dinámica seguida en los ejercicios anteriores a 2012. Además, se infringe una elemental regla de prudencia que aconseja posponer la utilización de unos fondos cuando todavía son objeto de litigio judicial.

Finalmente, la capa de maquillaje que añaden 216 millones a una ejecutoria presupuestaria deficitaria, no esconde las arrugas propias de la situación económica que viven el país y las cuentas públicas.

Como regla general, la aportación de cada Diputación al Gobierno vasco se determina no en función de lo que ella misma recauda, sino de los ingresos totales de las tres Haciendas forales. Es decir, primero se calcula el monto global de la aportación al Gobierno vasco —un 70% aproximado del total recaudado— y a continuación ese monto se distribuye entre las Diputaciones de acuerdo con unos coeficientes de reparto establecidos.

La anómala singularidad institucional de los últimos años ha comenzado a desintegrarse

Sin embargo, el propio Consejo Vasco de Finanzas acordó en su momento, con criterio más político que técnico, liberar el caso que nos ocupa —la recuperación de las ayudas— de esta regla general, de modo que cada Diputación aporte el 70% de su particular recaudación.

Esta insólita excepción beneficia a la Diputación menos involucrada en el affaire de las vacaciones fiscales, esto es, a Gipuzkoa.

De haberse aplicado el criterio marcado por la ley de Aportaciones, la Hacienda guipuzcoana tendría que haber contribuido con el 32,91% de 216 millones, es decir, con 71 millones de euros. Por vía de excepción, sin embargo, su aportación rondará los 14 millones de euros. Notable diferencia. De haber sido el precio 71 y no 14 millones, ¿se lo habría pensado mejor Bildu cuando decidió el martes apoyar la tesis del Gobierno vasco? ¿Pero el precio como contraprestación de qué? ¿Qué es lo que ha pretendido comprar Bildu a costa de un desembolso que perjudica a los guipuzcoanos?

La especulación acerca del hilo político que ha llevado a Bildu a posicionarse con el Ejecutivo del PSE no se ha hecho esperar. Unos piensan que se ha limitado a aprovechar la ocasión para remarcar su presencia en el escenario político. Otros, la mayoría, creen ver un mensaje nítido lanzado al partido que va a liderar el nuevo Gobierno entrante, el PNV, así como una tímida carantoña al partido saliente, recordando a unos y otros que 21 y 16 suman 37.

Probablemente Bildu es consciente de que un pacto con los socialistas es hoy impensable, pero sí alberga la convicción de que los acuerdos puntuales son una buena vía para ir tejiendo y madurando una complicidad que con el tiempo sea capaz de aspirar a vuelos más ambiciosos.

No será el Consejo Vasco de Finanzas la institución que se preste a esta clase de juegos políticos. Una vez constituido el nuevo Gobierno, monocolor o en coalición, la mayoría del PNV en tan decisivo órgano está asegurada.

La anómala singularidad institucional vivida en los últimos años —cuatro instituciones regidas por cuatro partidos distintos— ha comenzado afortunadamente a desintegrarse. Arranca una nueva etapa.

¿Qué es posible y deseable? ¿Un liderazgo monocolor que vaya improvisando acuerdos con unos y con otros? ¿O una dirección más amplia capaz de coordinar la acción de las cuatro instituciones?