Los F-18 y el paro

El militarismo pugna por hacerse un hueco en el debate político. En una tertulia televisiva de rancia estirpe, el eurodiputado popular Alejo Vidal-Quadras sugirió que la vicepresidenta del Gobierno de España debería ir preparando a un general de brigada de la Guardia Civil como contundente respuesta a cualquier veleidad no ya secesionista, sino simplemente referendaria, del soberanismo catalán. Vidal-Quadras seguía de esta manera la patriótica estela inaugurada por dos coroneles retirados que, en consonancia con una vetusta tradición española, habían pedido mano dura contra el separatismo. Todo, pues, dentro de un disciplinado taconeo, quizás un deseado ruido de sables o un nostálgico paseo con correajes relucientes, propio de quienes habitan y se sienten a gusto en el baúl de los recuerdos franquistas. Cuando todo parecía quedar en una reivindicación nostálgica del cartón piedra, los ojos de los habitantes de Berga, el Bages y algunas comarcas leridanas vieron una señal en el cielo: dos cazas F-18 del Ejército del Aire volaban muy bajo. Quizás antes no habían prestado atención, pero desde la Diada la ciudadanía observa los aviones de combate con otros ojos. En Roses, la presencia de un buque de la Armada desató todo tipo de especulaciones, como si del crucero Canarias se tratara.

Para estar en consonancia, tres eurodiputados catalanes involucraban esta misma semana a Europa en esa guerra y pedían amparo a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, ante las amenazas militares españolas contra Cataluña. El movimiento de tropas podía contar con el concurso de un consejero en activo: Felip Puig. El hombre que se comprometió a hacer respetar la legalidad a quien se negara a pagar los peajes de las autopistas catalanas; el político que propuso “tensar la ley hasta donde está permitido y un poco más” y que propuso restringir el derecho de reunión y, de paso, apoyó que se importara a Cataluña la doctrina judicial de la kale borroka, proclamó: “En caso de conflicto, los Mossos estarán al servicio del país”.

Casi ochenta años después del 6 de octubre de 1934, hay quienes, en ambos bandos, aguardan pacientemente a que alguien con menos sentido común del que demostró el general Batet se enfrente a sangre y fuego con el Capità Collons, nombre con el que se conocía a Miquel Badia, hombre de Estat Català y jefe de servicio de la comisaría general de orden público de la Generalitat cuando Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República federal española.

La épica ridícula huele, pero tiene adictos. Algunos medios relatan diaria y exhaustivamente episodios de hazañas bélicas y detallan lo cerca que está el choque cuando se mezclan los acordes de Garryowen —la marcha que utilizaba el unionista general Custer— con los tambores de guerra de los sioux. Hay que poner fe en la patria cuando la vida asfixia. Los empresarios pequeños y medianos, por ejemplo, han colocado todos los huevos en el cesto del Estado propio, tal como muestra la encuesta de PIMEC, que, contestada por el 16% de sus 19.000 asociados, muestra que el 66% está a favor de la independencia. En agradecimiento, el presidente Mas no tardó ni 24 horas en prometerles que con el Estado propio pagarán menos impuestos. Por si acaso tarda en llegar la Arcadia Feliz, el presidente catalán aseguró ante el auditorio que no se restablecerá el impuesto de sucesiones. Mientras, en la calle, la realidad daba otra vuelta alrededor del cuello de la ciudadanía. Los datos de la EPA que se conocían simultáneamente al encuentro de Mas con PIMEC eran elocuentes: el 22,5% de los catalanes buscan trabajo y 245.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Aunque no lo ha hecho, es de esperar que en el curso de la campaña CiU vincule la consecución del pleno empleo a la del Estado propio.

La fe en el futuro coincide con la incredulidad en el presente. Esta misma semana, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) acusaba al Gobierno central de escasa ambición en la lucha contra el fraude fiscal, que ronda los 90.000 millones de euros, más de cuatro veces el rescate de Bankia. Se persigue a asalariados y autónomos, cuando el 71,7% de los defraudadores son poderosos grupos empresariales y grandes fortunas. Más de tres mil sociedades de inversión de capital variable (más conocidas como SICAV) gestionan con grácil ingeniería financiera un patrimonio de más de 26.000 millones de euros. Mientras, en la calle, los F-18 vuelan bajo.