El sector de la enseñanza reclama a Wert que retire su reforma educativa

Crece el rechazo hacia el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que el Gobierno central llevó al Consejo de Ministros a finales de septiembre. La Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública, de la que forman parte sindicatos, estudiantes y asociaciones de padres, ha reclamado este viernes la "retirada de este anteproyecto que representa una auténtica contrarreforma educativa". Por su parte, el Consejo Escolar de Andalucía —donde está representado todo el sector de la enseñanza— ha difundido un duro dictamen en el que se critica el proyecto del ministro José Ignacio Wert.

A estos pronunciamientos se añade el realizado esta semana por la Conferencia de Decanos de Educación de las Facultades Públicas de Andalucía, Ceuta y Melilla, que exigieron también la "inmediata retirada" del proyecto.

Las críticas a la reforma de Wert llegan por el fondo y por las formas. "En el actual contexto de crisis estructural de la economía española y de su modelo productivo con una fuerte disminución de la inversión en educación, el ministerio plantea una modificación sustancial del marco legal vigente que debería ser fruto de un diagnóstico compartido de la situación del sistema educativo español y de un consenso político y social sobre su reforma que no se ha producido", se indica en el dictamen del Consejo Escolar. El documento, que parte de la valoración que realizó la permanente de este órgano a finales de septiembre, fue aprobado este jueves con 46 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.

La falta de un debate para abordar una reforma de este calado también ha sido criticada este viernes por la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública, que opina que el ministerio "ningunea a la comunidad educativa". La elaboración está "siendo poco democrática", ya que no se permite a familias, alumnado y profesorado participar en "un debate sosegado" que conduzca a un acuerdo, sostiene esta plataforma, de la que forman parte CC OO, CGT, UGT, Ustea, el Sindicato de Estudiantes, la asociación Surgente y las confederaciones de padres Codapa y Confedampa. "Mientras otras leyes educativas fueron debatidas y participadas durante años, esta se presenta a finales de junio, dejando solo el verano para enviar propuestas a la web del ministerio", añaden estas organizaciones.

"El anteproyecto de ley orgánica ha sido presentado sin que se haya producido un auténtico debate sobre su conveniencia y su contenido por parte de la comunidad educativa", se resalta en el dictamen del Consejo Escolar. "Hasta en la LOCE [Ley de Calidad de la Enseñanza], que fue aprobada por el PP, hubo mucho más debate que ahora", ha recordado este viernes José Blanco, responsable regional de enseñanza en CC OO.

La consejera de Educación, Mar Moreno, ha reclamado esta semana una "reforma educativa de consenso" y ha pedido a Wert un "debate sereno" y sin prisas. Moreno participará el lunes en la reunión entre el ministerio y las comunidades. La conejera llevará al encuentro el dictamen del Consejo Escolar de Andalucía.

El análisis de este órgano concluye que la propuesta del Ejecutivo del PP "presenta un modelo educativo segregador que nada dice de la compensación de desigualdades, que prescinde del valor transformador de la educación como instrumento para superar las condiciones sociales y económicas de las personas y que se centra en la necesidad de mejorar de los resultados sin incidir en el punto de partida ni en los estadios intermedios". "Lejos de ello se proponen programas de bajo valor educativo para el alumnado en situación socioeconómica desfavorable y, bajo el paraguas de fomentar la autonomía de los centros educativos, la posibilidad de establecer criterios de especialización curricular que permitan seleccionar al alumnado y la creación de élites", concluye el Consejo Escolar.

Uno de los asuntos más criticados de la propuesta del ministerio es la recuperación del antiguo sistema de reválidas externas. "Pretende acabar con el fracaso y el abandono escolar temprano, cuando lo que realmente hace es crear una carrera de obstáculos —reválidas— devolviéndonos al tardofranquismo en educación", lamenta la plataforma de sindicatos, padres y estudiantes.

"La introducción de una evaluación final de ESO es sin duda una de las cuestiones más controvertidas", señala el Consejo Escolar. "En primer lugar", opina este órgano de participación, "la circunstancia de otorgarle un peso del 30% en la calificación final de la ESO supone un auténtico menoscabo de la autonomía de los centros y de la confianza hacia el profesorado". "En segundo lugar", añade el consejo, "vuelve a imponer el viejo modelo de reválidas que desapareció con la Ley General de Educación de 1970 y que, en realidad, actuaba como una auténtica barrera de difícil franqueo para los sectores sociales económica, social y culturalmente más desfavorecidos".