La Abogacía cobra 6.000 euros al sector que gastó cientos de miles en bufetes

La Corporación Pública Empresarial Valenciana, que agrupa a todo el sector empresarial de la Generalitat Valenciana, satisfará 6.000 euros anuales a la Abogacía de la Generalitat, “pagaderos en cuatrimestres vencidos” y actualizables de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo, por una asistencia jurídica que consistirá en “el asesoramiento en Derecho y la representación y defensa en juicio”. La Abogacía de la Generalitat ingresará también las costas de aquellas sentencias favorables que condenen a pagar a la parte contraria. Así lo establece un convenio que firman el consejero de Presidencia y vicepresidente del Consell, José Ciscar, y el secretario autonómico de Economía, Bruno Broseta, como responsable de la Corporación, publicado el miércoles en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Las empresas ahora integradas en la nueva corporación (que agrupa a 76 organismos que quedarán reducidos a 46) gastaron estos últimos años cientos de miles de euros en “contratos de asistencia jurídica y prestación de servicios con bufetes como Broseta Abogados, Garrigues o Cuatrecasas. Concretamente, en 2011, el despacho de Broseta, que llegó a facturar medio millón de euros a organismos autonómicos en 2006, cobró 235.068 euros a fundaciones, agencias y empresas públicas de la Generalitat; Garrigues cobró 23.064 euros, más otros 348.639 ya imputados a 2012, y Cuatrecasas 55.814 euros. A ellos hay que sumar 6.960 euros de Antonio J. Navarro.

Desde la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, que gestiona las ayudas a la dependencia, hasta la Sociedad Proyectos Temáticos, pasando por Ciegsa o la Ciudad de las Artes, ciertos bufetes de abogados han facturado importantes cantidades a las arcas autonómicas a través de empresas y fundaciones del sector público.

Rubio: “se ha dilapidado el dinero de los valencianos en informes y asesoramientos"

“Me parece un escándalo”, comentó este jueves el diputado socialista Rafael Rubio, quien destacó que el convenio entre la Abogacía de la Generalitat y la Corporación Pública Empresarial revela que “se ha dilapidado el dinero de los valencianos en informes y asesoramientos sin saber por qué”. El parlamentario destacó que el convenio prevé tanto el asesoramiento como la defensa. Y aunque se reserva la Corporación “la facultad de ser asesorada, representada y defendida” por un abogado externo, la petición “se canalizará a través del abogado coordinador designado al efecto por la abogada general”. “Me quedan dudas”, añadió Rubio, “de si tanto contrato de asistencia sirvió realmente para algo o sólo para tener contentos a algunos bufetes”.

Del sector público empresarial se habló este jueves en la sesión de control al presidente del Consell en las Cortes Valencianas. El portavoz de Compromís, Enric Morera, dijo que su reestructuración propicia “el ataque sociolaboral más grave del sector público” y acusó al Consell de despedir a 3.000 trabajadores mientras recoloca a los directivos de las empresas.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, recordó a Morera que en su día denunció que en ese sector había “15.000 enchufados” y puso en marcha una web incluso para denunciarlos. “Hablaba de enchufados del sector públicos y ahora quiere aparecer como el abanderado de su defensa”, le recriminó Fabra. El dirigente de Compromís replicó que, precisamente, lo que denuncia es que el decreto de la reestructuración permite al Consell recolocar “de forma discrecional” a los “enchufados”.

Fran Ferri, también de Compromís, puso en una repregunta el ejemplo del Instituto Valenciano de la Vivienda, donde se ha despedido al 60% de la plantilla y se ha recolocado a los cargos directivos. Ante la acusación de Mònica Oltra, de profesar una “obsesión” neoconservadora por hacer desaparecer el Estado, el consejero de Economía, Màximo Buch, respondió: “Aquí el sector privado se mueve, y eso es lo que nos va a sacar de la crisis”.

Por su parte, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, criticó los recortes del Consell en I+D+i y acusó a Fabra de “desmantelar algo que no se puede improvisar”, como es la investigación. El presidente de la Generalitat negó que su Administración deje de lado la investigación y anunció que su compromiso tendrá plasmación presupuestaria. Un “apagón” en I+D+i, apuntó, tendría un resultado “nefasto”.