El presidente de Ence duda de que el traslado sea viable

La Consellería de Medio Ambiente asegura que la decisión “no corresponde a la entidad empresarial, sino a la Xunta”

No se suele prodigar mucho sobre el tema, y menos en Pontevedra, pero el presidente y máximo accionista de Ence, Juan Luis Arregui, respondió ayer a preguntas sobre la recurrente cuestión de la permanencia de su pastera frente a la ría y su eventual traslado. “Llevamos seis años conversando sobre las ventajas, los inconvenientes y las posibilidades, y en este momento estamos más cerca de no poder técnicamente hacerlo que de hacerlo, pero seguimos estudiando a ver si hay formulas que nos puedan conducir a otro lugar”, explicó .

Con la reforma de la Ley de Costas a punto de hacer saltar por el aire el límite de 2018 como fecha tope para el desmantelamiento de la planta de Lourizán, la decisión final pasará a recaer en la Xunta, según el texto en trámite. Así se encargó de recordarlo la Consellería de Medio Ambiente, que salió pronto al quite de la frase de Arregui. La decisión “no corresponde a la entidad empresarial, sino a la Xunta”, contestaron desde el departamento, que recordó que su postura sobre este asunto “está claramente expresada y recogida en el programa electoral que los gallegos acaban de refrendar hace menos de una semana”. El conselleiro, Agustín Hernández, repite habitualmente que el traslado es el único escenario que se plantean. “No conocemos la ley, está en trámite parlamentario”, se escudó Arregui para no comentar el cambio normativo.

Menos contundencia

La referencia temporal del directivo remite a 2006 y los intentos del bipartito por cerrar un acuerdo para el traslado, que entonces se planteaba para ubicaciones en As Pontes o Cerceda. Aquella negociación, en la que se planteó también la posibilidad de acceder a adjudicaciones del plan éolico, acabó fracasando, según el Gobierno de entonces, por las exigencias desmedidas de la empresa. Las palabras de Arregui son, en cualquier caso, un punto menos contundentes que las postura que asumió la empresa el año pasado, después de que la Xunta renovase su permiso ambiental hasta 2015 y reiterase que 2018 era una fecha “irrenunciable, improrrogable e incuestionable”. “El traslado \[en realidad supone el cierre de la fábrica y la construcción de una nueva\] no es viable”, se despachó entonces la pastera, que adujo que “la operación precisaría una inversión de 700 millones de euros”.

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