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Andalucía dota con 60 millones el plan para parados de larga duración

Unas 53.000 familias podrán acogerse al nuevo programa de acción social

Griñán, en el Parlamento. Ampliar foto
Griñán, en el Parlamento.

El programa de la Junta de ayuda a los parados de larga duración que no tienen nada estará dotado con 60 millones de euros, beneficiará a unas 53.000 familias y figurará en el Presupuesto andaluz del año próximo. Estará ligado al empleo y orientado a la inserción en el mercado de trabajo. Las instituciones colaboradoras serán los ayuntamientos, al ser las que tienen un contacto más directo con los ciudadanos, y en el proyecto están incluidas las mujeres víctima de violencia machista y en riesgo de exclusión.

Estas son las grandes pinceladas del plan extraordinario de acción social con el que Gobierno de José Antonio Griñán pretende socorrer las situaciones de emergencia de los colectivos más perjudicados por la crisis, según explico él mismo en la sesión de control del Parlamento autónomo, aunque Izquierda Unida, socio en el Ejecutivo, lo adelantó hace una semana.

La actuación se inspira en un plan de la Diputación de Sevilla

Griñán no dio más detalles, si bien fuentes de su gabinete precisaron que esta actuación no es un subsidio más ni tampoco la extensión del llamado salario social —oficialmente: renta mínima de inserción—, una partida ordinaria que se refleja cada año desde 1990 en los presupuestos andaluces y cuyo objetivo es la erradicación de la marginación estructural, por lo que depende de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Aunque desde el Gobierno autonómico negaron que estos fondos vayan a desaparecer, otras fuentes admitieron que podrían descender o reformularse. Durante 2011, se destinó a esta partida 76 millones de euros, y en el primer semestre de este ejercicio ha consumido 45,8 millones, con el apoyo a 18.916 unidades familiares.

El nuevo programa es puntual y consecuencia directa de la crisis económica, que se ha cebado especialmente en el empleo —la tasa de paro en la comunidad es del 33,4%—, la prioridad “absoluta”, en palabras del presidente de la Junta, de los futuros Presupuestos de 2013.

El perfil de los perceptores son los parados de larga de duración sin ningún ingreso y en cuya unidad familiar todos los miembros estén desempleados. La Junta será la encargada de facilitar las ayudas, que se canalizarán a través de los Ayuntamientos. Las citadas fuentes señalan que el programa está inspirado en el plan especial de urgencia de la Diputación de Sevilla, a través del cual los municipios realizan contratos con el salario mínimo interprofesional (641 euros) a parados, fundamentalmente aquellos con familias a su cargo y que ya han acabado las prestaciones.

El Gobierno no descarta que descienda la partida del salario social

El nivel de ingresos debe ser inferior al 1,5 del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) y la duración de los contratos oscila entre los 15 días y los tres meses, aunque excepcionalmente pueden ser menores si sirven para completar los periodos de cotización y permitir a la persona inscritas acceder al subsidio por desempleo. Las horas de trabajo se estipulan según el convenio colectivo y el tipo de actividad, en función de las necesidades de cada Ayuntamiento: desde personal cualificado, hasta operarios para tareas como limpieza, mantenimiento o labores de jardinería.

Para los censos, sostienen las citadas fuentes, se usarán los datos del trabajo de campo del plan Proteja (Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía) —el plan E andaluz—. No obstante, esta vez beneficiará también a las mujeres, prácticamente ausentes del Proteja, ya que la actividad estaba centrada en la construcción. La contratación femenina en ese programa fue solo del 1,8%.

Griñán explicó, en respuesta a una pregunta del portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Castro, que el objetivo del plan es la protección de las familias “más castigadas” por el grave aumento del paro, y garantizó que se van a mantener, “en la medida de lo posible” las políticas de estímulo directo al empleo, como la de las obras en los colegios y rehabilitación de casas, aprobadas al inicio de esta legislatura con cargo al presupuesto actual. La federación de izquierdas exigió ayer su continuidad.