Ascer estima que la tasa del gas destruirá 1.350 empleos más en el azulejo
Sitúa en 39,7 millones el coste para las arcas públicas por pérdida de impuestos y pago de prestaciones
La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) ha elaborado un informe sobre las consecuencias que tendría para la economía valenciana la implantación de la tasa del gas en el sector cerámico. Según la patronal, esta medida implicaría una destrucción de empleo del 3% en una industria que ya ha perdido el 45% desde 2008. En total, se estima que 1.350 trabajadores podrían ser despedidos como consecuencia del golpe a la competitividad que implicaría el nuevo pago. “El sector compite con productores con menores costes; con la tasa, el coste energético sería superior incluso al de Italia”, advierten.
Junto a ello, el informe destaca el “impacto negativo” sobre la recaudación fiscal y de la Seguridad Social. Así, la patronal estima que en base al Impuesto de Sociedades se dejará de recaudar 7,3 millones de euros y otros 12,2 millones por cuotas a la Seguridad Social. También apuntan que la pérdida de empleos supondrá un desembolso de 20,3 millones extra en prestaciones por desempleo. En total, 39,7 millones frente a los 30 que la industria deberá pagar cuando se apruebe el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Justo hoy termina el plazo para presentar la enmienda que excluiría al azulejo de esta normativa, aunque desde el PP provincial se da por hecho que no habrá excepción para la industria local.
El informe recuerda también el impacto del sector en la Comunidad Valenciana. “Es el segundo que más riqueza genera y el que ha permitido al puerto de Valencia ser el de mayor tráfico de contenedores de España”, recoge el documento.
Por último, Ascer recuerda que la industria cerámica está exenta de impuestos energéticos a nivel europeo gracias a una directiva y que otra norma europea también considera al sector como “excepción” para no aplicar los costes derivados del CO2 debido al “riesgo de deslocalización”. Estos argumentos ya han sido esgrimidos por el presidente de la patronal, Joaquín Piñón, para que la nueva ley que quiere aprobar el Gobierno también considere al sector cerámico como una excepción.
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