El juez accede a investigar Invercaria, pero sin adelantar imputaciones
El instructor acepta las peticiones de la Fiscalía.
El juez que investiga presuntas irregularidades en la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta Invercaria, Juan Gutiérrez, ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción e investigará al expresidente de esta entidad Tomas Pérez Sauquillo y la empresa pública Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVE). No obstante, el juez ha advertido que no imputará a ninguno de los cinco supuestos implicados en este caso hasta que la policía tome declaración y confirme los indicios de irregularidades en un atestado.
El juez de instrucción 16 de Sevilla investiga presuntos delitos de malversación y desvío de fondos públicos, falsedad y coacciones a través de la empresa Invercaria. También analiza los criterios de reparto de subvenciones y las normas de contratación.
Hasta ahora sus pesquisas se centran en un grupo de seis empresas cuyas ayudas irregulares denunció la Cámara de Cuentas pero posteriormente se amplió a otras 34, según pidió la propia Fiscalía.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la investigación de Tomás Pérez Sauquillo como expresidente de Invercaria; Francisco Barrionuevo como presidente de Novasoft; Francisco Gallardo Hill como máximo responsable del Grupo Imagen; Juan Antonio Bardón como representante de Innovaes Formas de Comunicación; y el empleado de Invercaria Antonio Nieto.
También se pide la investigación de las ampliaciones de capital en Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), una de las 40 compañías investigadas en este caso.
Entre la documentación aportada se encuentra unos incentivos de 239.915 euros de la agencia andaluza Idea a FIVA en 2007 como parte de una inversión comprometida de 773.921 euros. Además, pide que se recaben los informes de los auditores de Invercaria sobre FIVE, los libros contables de esta empresa y las actas de sus consejos de administración.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, Antonio Avila, anunció que la Junta estudia personarse en el caso sobre supuestas irregularidades en Invercaria.
Antes de inaugurar este viernes en Palma del Río (Córdoba) una planta termosolar de 50 megavatios, Ávila resaltó que los servicios jurídicos de la Administración “ya estudian” la forma de personarse en el caso.
El consejero dijo que, cuando tuvo conocimiento del caso y de un informe de la Cámara de Cuentas, acudió al Parlamento andaluz para “aclarar” todo lo sucedido en Invercaria. “Acudimos con todo el rigor, toda la transparencia en aclarar lo que haya que aclarar, y colaborando con las instituciones que haya que colaborar”, precisó. También añadió que “todos los pronunciamientos de los tribunales hasta el momento han sido favorables a Invercaria”.
El consejero concluyó que se analizarán “cualquiera de los proyectos pasados o presentes que hay en la cartera de Invercaria".
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, de IU, defendió que, si hay indicios, “se llegue al final” en el caso de Invercaria. “El Gobierno andaluz apuesta por la tolerancia cero frente a la corrupción. Estamos ante una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que hace lo que le corresponde cuando cree que hay algo anormal, es decir, lo denuncia ante la justicia para que se abra un proceso de investigación y si hay proceso de imputación, este se ponga encima de la mesa con total profundidad”.
La consejera de Presidencia, la socialista Susana Díaz, defendió la actuación de Invercaria y acusó al PP de intentar utilizar la investigación políticamente. “Invercaria es una empresa muy útil, ha creado 3.000 puestos de trabajo y ha apoyado más de 270 proyectos. Al PP se le acaba el asunto relacionado con los expedientes de regulación de empleo (ERE), y ahora busca dónde pegar el bocado”, afirmó.
La vicesecretaria de Empleo y Economía del PP andaluz, Carolina España, lamentó el retraso en la reacción de la Junta. “ buenas horas mangas verdes”, replicó. Según España, se están “repitiendo los protocolos de actuación que con el caso de los ERE: Primero se oculta información, pese a las reiteradas peticiones por parte del PP para esclarecer este escándalo; después, se bloquea cualquier debate o explicación en el Parlamento; niegan la mayor pese a los indicios y acusan al PP de cacería política”.
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