Hacia un nuevo modelo policial

Es invierno. El cielo plomizo anuncia nieve. Regresamos de Madrid y en plena N-I un letrero luminoso nos avisa: “Si va al norte, lleve cadenas”. Un grupúsculo fascista debió de leer también el cartel: el 12 de octubre pasado se dirigía con ínfulas de reconquista hacia el “norte” con cadenas, puños americanos y bates de beisbol.

El convoy es interceptado por la Ertzaintza, que amablemente y sin más consecuencia, les requisa el material. Son escoltados hasta el corazón de Bilbo donde se les garantiza el derecho de expresarse. El cordón policial, por contra, se encara a centenares de antifascistas –supuestamente amparados asimismo en la libertad de expresión— que serán objeto de cargas y detenciones.

No es nada nuevo. Recientemente se ha utilizado el cuerpo para cepillar aún más el derecho a huelga y cargar contra piquetes informativos. Los estudiantes en la calle han probado el sabor de las porras autonómicas. Vienen de perseguir ocupas, fotos de presos, de incomunicar detenidos… Colea el caso Iñigo Cabacas, en forma de impunidad y cierre de filas. Su responsable último, Rodolfo Ares, prófugo del Gobierno López para dedicarse a menesteres de partido, ha dejado el cuerpo atado y bien atado. Ante la arraigada certeza de que no volverá a retomar el puesto, ha realizado todas las maniobras posibles para que, quien lo asuma, se encuentre con una Ertzaintza coaptada en su dirección por personal afín y enfrentada en sus bases.

Las denuncias de irregularidades son infinitas. Oficiales de la cuerda política de Ares habían sido trasladados a Madrid en 2010, con todos los gastos pagados, para recibir formación que pudiesen invocar como mérito para acceder a un exclusivo curso de ascenso a intendente. El curso tiene límite de 10 plazas, ocupadas en bloque por quienes ya son conocidos en las filas propias como Los siete magníficos. A partir de julio de 2011 se realiza el periodo formativo en que, entre denuncias de arbitrariedades, se obtiene la titulación de los intendentes que coparán los principales puestos de responsabilidad. El 22 de diciembre de 2011 se aprueba la RPT de puestos de la Ertzaintza, con lo que quedan legalmente adjudicadas las plazas en propiedad de sus ocupantes. Puestos blindados ante un posible cambio de siglas en el Ejecutivo de Gasteiz.

Sin embargo, consumada la maniobra, ocurre un hecho que, vistos los pertrechos y actitudes del cuerpo no se puede considerar fortuito. Han matado a un joven seguidor del Athletic de Bilbao. El caso Iñigo Cabacas infunde indignación. La Ertzaintza se defiende cerrando filas. Un agente invoca solidaridad. No con la víctima, sino con sus compañeros transgresores: “Cualquiera podía ir en esa furgoneta”. Cualquiera podía haber realizado el disparo mortal. Otros agentes, vinculados a un sindicato concreto, se muestran horrorizados y exigen una reforma del modelo policial.

Los hechos hacen que los servicios jurídicos del cuerpo policial recomienden retirar a algunos de esos nuevos flamantes intendentes de puestos demasiado visibles. Se realiza una readecuación de responsabilidades hacia puestos inferiores, más cómodos, menos expuestos ante las investigaciones que se prometen. La Jefatura y Jefatura Adjunta de la Ertzaintza quedan vacantes, pero se acomodan apostados en el resto de divisiones y jefaturas los afines al consejero escapista.

El debate sobre el modelo policial es un Guadiana que aflora a superficie en momentos de controversia, sea por méritos propios o, como en el presente, porque en el periodo electoral los partidos ofertan cambios a la ciudadanía, necesitada de nuevos aires. PSE y PP muestran las actuaciones policiales como logros en materia de seguridad. El PNV lanza cosméticas, con las que no dañar la moral y la credibilidad de un cuerpo al que ambicionan regresar con sus anteriores métodos de gestión. Métodos igualmente mediatizados por el interés de partido.

Ante ello, la coalición EH Bildu es la única que propone una reforma en profundidad del modelo policial. Crear una policía que sea fiel reflejo del perfil social, político, cultural de la sociedad vasca. Queremos enfrentar un debate abierto, amplio que nos lleve a un cuerpo policial despolitizado, imbricado en la ciudadanía, inmerso en sus necesidades, apoyándola en su acontecer diario. Una institución de seguridad pública con la que salgamos ganando todos. Según las Recomendaciones Europeas de Ética policial, el agente tiene la obligación de actuar “con respeto a la dignidad humana y las libertades y derechos fundamentales de la persona” y, como contraparte “tiene el derecho al apoyo activo tanto moral como material de la colectividad en la cual ejerce sus funciones”. En definitiva, que se convierta en motor de integración social y no en un obstáculo para el nuevo escenario al que se enfrenta el conjunto de la ciudadanía vasca. Que ese objetivo se cumpla es nuestro compromiso.

Julen Arzuaga es responsable del departamento de Libertades Ciudadanas de EH Bildu.