La secretaria de la Cámara de Pontevedra declara ante el juez como imputada

Rosario Lorenzo, secretaria de la Cámara de Comercio de Pontevedra, declaró ayer ante la juez que instruye la querella interpuesta por la fiscalía por presuntos cobros irregulares de la funcionaria por parte de un empresario contratado por la entidad aunque no aclaró el destino de los al menos 15.720 euros que retiró de una cuenta bancaria en el que la funcionario era apoderada.

La imputada por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios no ha despejado las dudas sobre en qué concepto percibió este dinero y si hubo más pagos irregulares ya que el contrato de la cámara con Juan José María Lago para promociones empresariales en Brasil se firmó en 2002. En la querella solo constan dos cantidades retiradas por la funcionaria de 3.000 y 12.720 euros pero no dio tiempo a realizar un análisis detallado de extractos bancarios por lo que demanda únicamente se basó en una prueba de indicios. Ahora, el fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, ha solicitado una prueba pericial contable de la citada cuenta para confirmar todos los movimientos y verificar otros presuntos pagos que el empresario haya podido realizar. Después, también pedirá que declare José María Lago. Si se confirma que Lorenzo retiró otras cantidades, la querella podría ampliarse al delito de cohecho.

La investigación se abrió a raíz de una denuncia interna de empleados de la cámara en la que se constató que Rosario Lorenzo aparecía como autorizada en la cuenta del empresario por lo menos desde el 2006 hasta mediados de 2012, constando pagos presuntamente irregulares a favor de la funcionaria imputada. Mediante un convenció con la Dirección Xeral de Comercio, la cámara creó en 2002 una oficina de promoción en la ciudad brasileña de Florianápolis, nombrando como representante a Juan José María Lago que había sido becario en la entidad.

Desde entonces se firmaron contratos anuales con la empresa Contrato Em Comunicaçoes Empresariais Ltda., representada por Lago, a cambio de 3.800 dólares mensuales subvencionados con la citada dirección xeral hasta el 80%. Ni la cámara ni la Xunta se han personado en el caso como acusación particular, sí lo hizo un empresario de Pontevedra pero fue rechazado por la jueza aunque podría recurrir la decisión judicial.