El déficit de la Generalitat hasta agosto roza los 1.000 millones

El Gobierno catalán encara la recta final del año, que se considera la peor época para controlar el gasto público, con el déficit contenido, al menos respecto al año anterior. Sin tener en cuenta los gastos financieros, el déficit de la Generalitat se situó en los primeros ocho meses del año en 998,5 millones de euros. Esa cantidad equivale aproximadamente a medio punto del PIB catalán y es el 60% inferior al desfase que se registró hasta agosto de 2011, según la ejecución presupuestaria que publicó ayer el Departamento de Economía y Conocimiento.

La reducción del déficit durante estos primeros ochos meses es gracias a un recorte del gasto no financiero del 1,6% y a un aumento de los ingresos del 7,7%. La recaudación creció, sobre todo, por las transferencias que llegaron del Estado (en 2010 las comunidades recibieron menos dinero por su participación en los tributos del que debían percibir y este año el Gobierno central lo ha transferido). Las arcas, sin embargo, han captado menos por la parte del pastel que le corresponde a Cataluña por su participación en el IRPF y el IVA, así como el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que se desplomó el 15%.

La ejecución presupuestaria refleja, en parte, las dificultades financieras por las que atraviesa el Gobierno catalán, que se ha visto obligado a acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al que ha pedido 5.433 millones de euros para hacer frente a vencimientos de deuda y pagos con proveedores —en especial de salud, educación y asistencia social— hasta finales de año. Hasta agosto, la Generalitat estiró muchos de sus pagos y, de hecho, aplazó sus compromisos de julio con los conciertos educativo y sanitario y las entidades sociales.

Sin embargo, la Generalitat estiró más en unas áreas que en otras. En general, el Ejecutivo de Artur Mas pagó el 81,5% de sus obligaciones. Eso tiene dos caras: en el caso de la deuda y sus intereses, abonó prácticamente el 100% de los compromisos, como fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En cambio, el Gobierno catalán tuvo que dejar de pagar el 25% de las transferencias corrientes, las que se efectúan a entidades locales y colaboradoras, ya fuera por motivos administrativos, porque podía pagar a plazos o bien porque decidió dejar esas deudas para más adelante. Esa tendencia se da en especial en I+D+i, cultura, protección social y sanidad (véase gráfico).