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OPINIÓN

Democracia y pobreza

¿Realmente se puede hablar con propiedad de democracia cuando el 21,9% de los catalanes viven con rentas inferiores al umbral de la pobreza?

Los datos son aterradores: el 21,9% de los catalanes viven con rentas inferiores al umbral de la pobreza, el 28% de los niños viven en familias pobres. ¿Realmente se puede hablar con propiedad de democracia con estos niveles de desigualdad? ¿Dónde están las condiciones mínimas de igualdad de las que hablaba Claude Lefort como requisito para que la democracia sea posible? “La segregación”, escribía, “puede suscitar una disolución de los referentes de la sociabilidad, una desinserción que llega hasta el extremo de que muchos jóvenes ven afectado el uso de la lengua y de las categorías del entendimiento”. Es decir, una merma de los instrumentos básicos de socialización.

Desde 2008, la pobreza se ha disparado en Cataluña. La pobreza es silenciosa porque la gente que la sufre siente pudor, en medio de una sociedad que, por miedo, estigmatiza a los perdedores, y carece de energía y de recursos para levantar la voz. Y ocupa un espacio cada vez más abandonado por los Gobiernos de la austeridad, donde las organizaciones sociales intentan salvar discretamente la dejación de responsabilidades del Estado. ¿Qué mensajes reciben los pobres de los Gobiernos? La restricción de las ayudas a las que tienen derecho, el apoyo a los bancos cuando llega el momento de ejecutar el desahucio y dejarles sin vivienda, la persecución de los trapicheos con los que intentan seguir adelante y un discurso, para justificar los recortes, que pone el foco en los abusos de unos pocos para estigmatizar a muchos. Ha sido necesario que la imagen de las personas hurgando los contenedores se convirtiera en experiencia ciudadana cotidiana para que la cuestión de la pobreza saltara a primera página.

La pobreza es una hecatombe personal: que expulsa mucha gente de la sociedad y que sitúa a miles de niños en la vía de la marginación social. Pero es también un gran fracaso colectivo. “La solidaridad orgánica” de la que hablaba Durkheim, que traba una sociedad, se ha roto en la carrera hacia la desigualdad. Por supuesto, la coartada es la crisis. La pobreza y la desigualdad son presentadas como fatalismos para justificar la inoperancia de los poderes públicos, que no las tienen siquiera en sus prioridades. En realidad, la pobreza es un efecto del crecimiento imparable de las desigualdades dentro de los países del primer mundo, fruto de diversos factores, entre otros: “la nueva economía de lo inmaterial, que encuentra su prolongación en el auge del sistema financiero y rompe la antigua cohesión social” (Daniel Cohen); la traslación a Europa de la cultura de desprecio a los perdedores, tan extendida en Estados Unidos, y el mito de la “economía de filtración descendiente” que dice que la única manera de que los pobres puedan mejorar su posición es que los ricos se enriquezcan todavía más, teoría que como la práctica demuestra viene mejorando la posición de los ricos y agravando la de los pobres.

El resultado es este empobrecimiento de una parte importantísima de la sociedad sin que las instituciones públicas hagan lo más mínimo para corregirlo, empeñadas en unas políticas de austeridad que no hacen sino agravar la situación de los que no se oyen: medio millón de conciudadanos han ingresado en la pobreza en los últimos tres años. Y tal es la pasividad institucional, solo mitigada por el denodado esfuerzo de muchos asistentes sociales, que da la impresión de que hemos vuelto a tiempos pasados, anteriores al modelo de bienestar europeo, en los que se daba por supuesto que de los pobres ya se encargaban la Iglesia y las organizaciones caritativas. A la humillación de la pobreza, se une una segunda humillación: el Estado se va desentendiendo de ellos. Los que están en los márgenes tienden a votar poco y carecen de voz. Los pobres no incordian.

La pobreza expresa una quiebra institucional demasiado grande para que, en estos días de confrontación política, se la utilice para practicar el ventajismo. Ni es aceptable que los que gobiernan se escuden en la “estricta e imperiosa necesidad de los recortes”, ni que se utilice para descalificar el proyecto independentista. Ahora que Cataluña se plantea su futuro, hay que debatir honestamente qué piensa hacerse con esta quinta parte de la población descolgada. Una democracia digna de este nombre no puede tener a tantas personas en la cuneta.