El exgerente de la Fundación de Porro denuncia sus cuentas ante el fiscal

La extinción de la Fundación Puerto de Vigo (FPV), el pasado agosto, no da carpetazo a sus malas cuentas. En el año en que estuvo realmente operativa, hasta las elecciones municipales de mayo de 2011, la FPV consumió en torno a un millón de euros —la mitad de fondos públicos y la otra mitad, de aportaciones de empresas adjudicatarias de obras en el puerto— en actividades sin justificar en sus cuentas oficiales. El trajín y desvío de fondos fue denunciado por el exgerente de la fundación ante los principales dirigentes del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, su presidente, y Alfonso Rueda, su secretario general, así como el presidente local, José Manuel Figueroa. Ante la falta de respuesta para depurar responsabilidades, singularmente las de Corina Porro, promotora y presidenta de la FPV, el exgerente Pablo Alborés ha denunciado los hechos ante la fiscalía de Pontevedra.

Si de las cuentas de 2010 se derivaban resultados tan escabrosos como que la FPV se habría quedado con más de 100.000 euros cuya entrega había comprometido públicamente a dos ONG, las de 2011 no le van a la zaga. Así, por ejemplo, se consigna una subvención de 6.500 euros de la Consellería de Educación e Cultura para la representación de una obra teatral por alumnos de un centro de discapacitados en el Teatro Arte Livre. Ni el centro ni el teatro recibieron nada: apenas 600 euros de los ingresos de taquilla.

La actividad más relevante de la FPV durante 2011, según sus propias cuentas, remite a visitas de escolares al puerto, por cuya ejecución la FPV recibió 31.000 euros del Igape —el organismo de la Xunta teóricamente encargado de apoyos y créditos a empresas— y de Cultura, aparte de otros 40.000 de la Xunta, como “acciones de apoyo y acompañamiento” por las “necesidades formativas de los trabajadores del ámbito del puerto de Vigo para elaboración de itinerarios formativos de interés general”. En total, la FPV habría ingresado 113.012 euros por sus actividades en 2011, canalizados en distintas partidas por la c Xunta y el Igape, salvo 3.050 euros que se atribuye a los alumnos de un curso de Derecho Marítimo que dirigió María José Bravo, delegada de la Xunta en Vigo, aunque esta misma actividad también recibió una colaboración de 3.500 euros de la Universidade de Vigo que, sin embargo, las cuentas no registran.

El Igape se demuestra como el principal financiador de la FPV a través de dos convenios que sumaron casi 290.000 euros. A 2011 le habrían correspondido 48.962 euros con ese origen, según las cuentas presentadas, en las que por una parte consigna 88.962 euros de “subvenciones del sector público” (suma exacta de la subvención del Igape y los citados 40.000 euros de la Xunta) y en otra consigna el ingreso de otros 24.000 de Educación y Cultura.

Los “ingresos de la entidad por la actividad propia” consignados suman 872.669 euros, a los que habría que añadir otros 244.746 pendientes de ejecutar en 2012 y que se supone ejecutados en el momento de la extinción de la FPV. Oficialmente, las aportaciones privadas suman 445.500 euros, el grueso de las cuales fue ingresado por las empresas adjudicatarias de obras del puerto. A la junta de patronos que aprobó la extinción formal de la FPV, el 27 de junio de 2012, asistieron solo tres de los siete patronos que la constituyeron en 2010. Las cuentas de 2011 fueron presentadas y explicadas al patronato por Carlos Mantilla, histórico militante del PP y profesionalmente experto liquidador de empresas, quien, en 2011, ingresó 12.000 euros en la cuenta corriente de la FPV y en 2012 facturó a la misma 7.080 por su trabajo.

El grueso de las irregularidades de la FPV fue expuesto en sendos burofax remitidos a Feijóo y Rueda el año pasado por el exgerente Pablo Alborés para pedirles una depuración interna de responsabilidades y limpiar su honor, tra ser calificado públicamente de “sinvergüenza” por la propia Porro. Alborés remitió el mes pasado otros burofax análogos y con idéntica petición a los máximos responsables de la Xunta , emplazándoles a adoptar medidas y amenazando con acudir a la Justicia. Es lo que ha cumplido esta semana.