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La afectada en huelga de hambre logra el alquiler social

Una inmigrante peruana con dos hijas frena su desahucio y logra un acuerdo con su banco

Acuerdan que pagará un alquiler de entre 250 y 300 euros y una fianza de unos 1.500 euros

Rocío Pérez ante la sucursal del banco en la plaza de Celenque. Ampliar foto
Rocío Pérez ante la sucursal del banco en la plaza de Celenque.

Rocío Pérez, la inmigrante peruana que ayer inició una huelga de hambre a la desesperada para evitar su desahucio, ha llegado a un acuerdo con su entidad bancaria. Tras permanecer más de 24 horas en la puerta de la sede de plaza del Celenque de Bankia, dos representantes de la entidad se han reunido con ella y se han comprometido a frenar su desalojo. “Vamos a negociar un alquiler social de entre 250 y 300 euros”, cuenta Pérez. “Y me piden una fianza de 1.500 euros”. Ambas partes volverán a reunirse mañana para cerrar el acuerdo.

Originaria de Lima (Perú), Pérez tiene 42 años, está separada y es madre de dos hijas de 9 y 12 años. En 2004 compró junto a su exmarido un piso en la zona de Pueblo Nuevo por el que pidió un crédito de 180.000 euros. Hace tres años dejaron de pagar las letras, muy por encima de sus nuevas posibilidades. Actualmente Pérez ingresa 600 euros de su exmarido por la pensión de sus hijas. Él tampoco puede hacer frente a la hipoteca, afirma la mujer.

En marzo, la familia ya logró para su desahucio con ayuda de activistas. El segundo desalojo estaba previsto para mañana. Viendo que la entidad no la atendía, Pérez decidió iniciar una huelga de hambre y dormir a las puertas de dicha sede de Bankia. Hoy, sobre las 13.00 horas, finalmente la han atendido. En ese momento la acompañaban la diputada regional de Izquierda Unida Tania Sánchez, la diputada nacional de Izquierda Unida Ascensión de las Heras, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y vecinos y activistas de su barrio.

Pérez, que sufre numerosas dolencias fruto de la ansiedad y la depresión que padece, está en lista de espera en el Instituto de la Vivienda de Madrid y no puede permitirse pagar un alquiler a precios de mercado. Por eso se ha aferrado a la negociación con Bankia hasta el último momento. “El problema de los casos como el de Rocío”, dice Tania Sánchez, de IU, “es que la administración no dispone de recursos para atenderles. Por eso, muchas veces la alternativa que les queda es que las entidades les permitan permanecer a cambio de un alquiler y de esa forma los bancos también se aseguran un ingreso”.

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