La corrupción iguala al paro y ya es un problema muy importante

La corrupción acaba pasando factura, aunque a veces cueste detectar sus efectos sobre la opinión pública. Así lo revela el sondeo de Metroscopia para EL PAÍS. Después del paro, preocupación central en una sociedad sacudida por la crisis, la corrupción emerge como el segundo de los problemas más importantes para los valencianos, por encima de la situación de la educación o la sanidad. Tan importante que solo dos décimas lo separan del desempleo, ya que si este alcanza una puntuación de 9,1 en una escala de 0 a 10, la corrupción llega al 8,9. En ambos casos los votantes del PSPV-PSOE ven más graves esos problemas. El resultado contradice a quienes atribuyen a la sociedad valenciana una actitud tolerante con los abundantes escándalos de corrupción política en las instituciones.

La opinión de que existe una gran corrupción en la política valenciana ha crecido un 10% en relación con la encuesta de hace dos años y ha pasado del 43% al 53%. Un 39% escoge esta vez la opción de que esa gran corrupción no es una novedad sino “como en otras ocasiones” (en el sondeo de 2010 era la opción mayoritaria, con un 47%). Comparativamente, un 55% cree que en la Comunidad Valenciana hay la misma corrupción política que en otras zonas, mientras un 34% opina que hay más.

Eso sí, es abrumadora la opinión de que los casos de corrupción afectan a la economía valenciana (un 89% dice que mucho o bastante) y a la imagen de la Comunidad Valenciana en el resto de España (un 90% cree que afectan mucho o bastante).

De forma muy mayoritaria, los ciudadanos consideran que la situación económica actual de la Comunidad Valenciana es mala o muy mala (92%), creen que ha empeorado (85%) y que es peor que en el resto de España (48%).

Pese a ello, también una mayoría clara considera que la valenciana está igual (49%) o incluso mejor preparada (13%) que otras comunidades autónomas para hacer frente a la crisis económica.

La situación política tampoco es mejor, en la percepción de los ciudadanos, ya que el 72% la califica de mala o muy mala y un 68% piensa que el Consell no está tomando las medidas adecuadas para hacer frente a la crisis económica, contra un 25% que cree que sí lo está haciendo. La gestión que de la crisis hace el equipo que preside Alberto Fabra recibe, por tanto, un suspenso claro de la opinión pública, una percepción que se atenúa en los votantes del PP (el 49% cree que sí que toma las medidas necesarias) y se acentúa en los del PSPV (un 82% cree que no las está adoptando).

En general, por tanto, la encuesta refleja a una ciudadanía angustiada por la crisis y que desconfía de quienes ocupan puestos de responsabilidad política desde los que deben buscar soluciones a los problemas. Los valencianos consideran el paro (el más directo exponente del alcance de la crisis económica) y la corrupción (un fenómeno que expresa la degradación de la vida política) problemas más graves que la situación de la educación o la sanidad, que también suscitan protestas.

En relación con el sentimiento autonomista, regionalista o nacionalista, la encuesta no ofrece grandes novedades. Los valencianos siguen definiéndose muy mayoritariamente tan orgullosos de serlo (76%) como de ser españoles (85%). Apenas un 2% se considera “solo valenciano” y un 8% “más valenciano que español”, frente a un 12% “solo español” y un 18% “más español que valenciano”. La gran mayoría se ubica en lo que se denomina un “nacionalismo inclusivo” al declararse “tan valenciano como español” (58%).

En un momento en el que se ha abierto el debate sobre el modelo de Estado y en el que crece el apoyo en Cataluña a la reivindicación de la independencia, un 36% de los valencianos apuesta por el mantenimiento del régimen autonómico, bien como es en la actualidad (27%) o bien con más competencias para las comunidades autónomas (9%). La opción del retorno al centralismo es apoyada por un 35% de los encuestados, que se pronuncia por un Estado con un único Gobierno central. El 17% de los valencianos apuesta por un Estado federal en el que las comunidades autónomas sean consideradas Estados sin romper España y el 7% apoya que las comunidades autónomas puedan independizarse. Las posiciones sobre la organización del Estado se alejan de las que se dan en Cataluña y son muy cercanas a la media española.