Archivada la denuncia por supuesto acoso laboral contra Bonig

El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha acordado el sobreseimiento del procedimiento contra la consejera Isabel Bonig, su sucesor en el cargo como alcalde de La Vall d'Uixò y otros funcionarios del Ayuntamiento por considerar que no cometieron el abuso laboral del que les acusaba un trabajador municipal.

Según el auto del juez, hecho público hoy, el denunciante, como oficial mayor en el Ayuntamiento de La Vall d'Uixò, afirmaba haber recibido un trato "degradante e inhumano por parte de los procesados".

El denunciante afirmaba que este trato comenzó a partir del 2007 cuando el PP ganó las elecciones municipales e Isabel Bonig, la ahora consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ocupó el cargo de alcaldesa.

Acusaba a Bonig de estos hechos, así como a la concejal de Personal, Elena Vicente-Ruiz, al actual alcalde y entonces concejal, Óscar Clavell, y otros funcionarios.

El querellante explicaba que había sido destituido "inexplicablemente" como secretario de la empresa pública Emsevall, y se le pidió que realizara la jornada laboral ordinaria, lo que suponía "ignorar las circunstancias especiales" de su trabajo.

Asimismo, afirmaba haber recibido por parte de la alcaldesa y de la concejal de Personal un "continuo trato vejatorio" y tuvo que soportar "discusiones continuas con la alcaldesa, insultos, humillaciones y vejaciones".

También alegaba haber sido desplazado de su lugar de trabajo y, en cuatro años, haber "sido desprovisto de todas sus funciones", lo que le hace estar "sentado en su despacho sin hacer absolutamente nada".

Ante esta situación, el oficial inició un procedimiento contencioso-adinistrativo que culminó mediante una sentencia de un juzgado de Castellón que declaraba la existencia de acoso y se condenaba al Consistorio a indemnizar al querellante.

La sentencia fue recurrida y la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano dictó sentencia de fecha 5 de junio de 2012 estimando el recurso y declarando que el supuesto acoso laboral declarado no resultaba acreditado.

Posteriormente se presentó por el querellante escrito de ampliación de querella, fundamentándolo en un episodio en el que aseguraba que se había constatado la "enemistad manifiesta dada la situación de acoso laboral y por la querella presentada en su día", y también alegaba irregularidades en el cobro de su salario.

En el mismo escrito ampliaba la querella frente a la concejal de Personal, Elena Vicente-Ruiz, por "prevaricación y coacciones" y por "falsedad de documento público".

El juzgado de Nules resuelve ahora esa ampliación, y dictamina que a la vista de los hechos, del escrito de ampliación, de la documentación presentada y de la declaración prestada por el querellante, "puede descartarse que los hechos puedan ser constitutivos de infracción penal".

Por ello, el juez acuerda el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que no existe ilícito penal.

Vicente-Ruiz ha afirmado en un comunicado que "este auto es demoledor" y "la única verdad" es que tanto Bonig como ella solo pidieron "que trabajara y cumpliera con sus funciones". La concejal ha indicado que se trata de un funcionario que cobraba alrededor de 80.000 euros al año: "Como lo que le pedimos no le parecía bien, recopiló información y relató hechos para hacer ver que ambas éramos unas ogros".