Sheinbaum firma con la industria siderúrgica un acuerdo para elevar las compras de acero mexicano
El pacto busca reflotar a un sector golpeado por los aranceles de Estados Unidos
En pleno declive de la industria siderúrgica nacional, atrincherada por los aranceles de EE UU y el avance de las importaciones asiáticas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha llegado a un acuerdo con las acereras en el que se garantiza que las compras públicas priorizarán el acero mexicano. “Este es un acuerdo para que lo que se produzca en México se compre por el Gobierno, que no importemos productos que se fabrican en México”, indicó la mandataria este miércoles en su habitual conferencia en Palacio Nacional. Con el golpe de las tarifas de EE UU, las empresas siderúrgicas locales han reducido su producción, un espacio que han ganado las importaciones. Solo el año pasado, el consumo de acero en el país ascendió a 28 millones de toneladas, de las cuales un 50% provino del extranjero.
En línea con el Plan México, la estrategia del Gobierno federal implementará un esquema de puntos y porcentajes para promover el contenido nacional de acero frente a las importaciones y facilidades de financiamiento para los proyectos. Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció que este pacto con la iniciativa privada busca que el Gobierno sea una palanca para el desarrollo interno. “Queremos que las inversiones públicas, privadas y mixtas reciban un apoyo y sean consideradas en la banca de desarrollo. Donde el Gobierno compra, el precio gana”, comentó.
La industria, por su parte, se compromete a garantizar precios justos, calidad y abasto oportuno. Sergio de la Maza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), celebró la firma del acuerdo y aseguró que con este tipo de convenios se protegerán inversiones por 8.000 millones de dólares y 90.000 empleos que genera el sector en el país. En esta nueva hoja de ruta, el sector de la vivienda será uno de los pilares. México consume anualmente más de 28 millones de toneladas de acero, pero las siderúrgicas nacionales producen solo 14 millones de toneladas, por este motivo, la industria tiene un margen de maniobra para sustituir esta demanda con contenido nacional.
Los aranceles de Estados Unidos contra las importaciones de acero y aluminio del mundo, incluido su socio mexicano, han representado un batacazo para la industria siderúrgica nacional. El año pasado el presidente Donald Trump ordenó el cobro de una tarifa de un 25% sobre las importaciones de este insumo y meses más tarde se elevó este arancel al 50%. El sector ha asegurado que la injusta imposición de los aranceles 232 por parte de Estados Unidos, su principal mercado de exportación, ha generado una caída de más del 50% en sus envíos al extranjero y una subutilización de sus factorías.
En paralelo con el muro arancelario de Washington, las industrias siderúrgicas han reclamado el avance del acero asiático, principalmente de China y de países como Vietnam y Malasia, en México. Los empresarios siderúrgicos del país han señalado en reiteradas ocasiones que parte del mercado mexicano se lo están arrebatando esas importaciones, productos que según sus análisis, son productos subsididados, triangulados, evaden cuotas o utilizan los programas sectoriales para no pagar aranceles.
Con este pacto, el acero mexicano gana protagonismo en los proyectos federales. En teoría se priorizará el insumo nacional en carreteras, hospitales, plantas de energía, planes de vivienda e infraestructura estratégica. Banamex apunta que si bien esta iniciativa podría inyectar demanda inmediata a un sector venido a menos, en el largo plazo también representará una mayor carga fiscal para el Estado. “Si el acero nacional es más caro que el importado, el Gobierno enfrentará mayores desembolsos por cada kilómetro de carretera o cada hospital construido. En un contexto de finanzas públicas presionadas, con deuda pública en niveles elevados, compromisos de gasto social crecientes y márgenes fiscales reducidos, este mayor gasto podría traducirse en menos proyectos ejecutados, reasignaciones presupuestales forzadas o un deterioro en los balances fiscales”, zanja.
