La Generalitat no dispone de fondos para privatizar la gestión de parados

Solo seis meses después de llegar al poder, en 2011, la Generalitat anunció ante 321 inversores extranjeros y nacionales su intención de obtener 1.850 millones de euros mediante un plan de privatizaciones. La idea del Gobierno era vender edificios, equipamientos y empresas públicas para obtener recursos con los que rebajar el déficit público. Sin embargo, hasta hoy solo ha ingresado 69 millones de euros por la venta de tres edificios. No solo falló ese plan, porque aparte de las ventas directas, el Gobierno catalán también planeaba medidas de ahorro ligadas a la privatización de servicios, como la cesión de la colocación de parte de los parados del Servicio de Ocupación de Cataluña a entidades privadas como ETT, inviable por falta de fondos.

En paralelo, el Ejecutivo de Artur Mas también proyectaba una reducción del peso de las empresas públicas, bien cerrándolas, fusionándolas o a través de expedientes de regulación de empleo. En concreto, el Gobierno catalán se propuso reducir 1.500 empleos en empresas públicas hasta finales de año, de los cuales solo se han materializado 173 en el Incasòl, porque el segundo ERE presentado, el de Gisa, se congeló.

El Ejecutivo hasta ahora ha ahorrado recortando gasto o creando tasas

Denostadas por los partidos de izquierdas y por parte de la opinión pública, esta vez no ha sido su presión, sino la falta de liquidez propia o ajena, la crisis en definitiva, la que ha impedido las privatizaciones. Los que siguen son algunos ejemplos, sin olvidar que la Generalitat sí ha logrado ahorrar con medidas que implican a terceros. Es el caso de los 650 millones al año con recortes a los funcionarios o los 200 millones anuales previstos, en los presupuestos, con el copago y la tasa turística.

»Aguas Ter-Llobregat. La de la empresa pública que gestiona el ciclo del agua en alta es la mayor privatización planteada por la Generalitat, que ingresaría hasta 1.000 millones de euros en un plazo de 50 años. No obstante, el objetivo prioritario es ingresar 300 millones del primer pago, que tendrían que recibirse antes de que concluya este año. Pese a su complejidad, es ahora mismo la operación mejor encarrilada. Dos consorcios liderados por Agbar y Acciona (acompañados por fondos de inversión y otros inversores menores) presentaron el viernes sus ofertas y sabrán si se lo quedan en diciembre.

»Túneles de Vallvidrera y Cadí. La venta de Tabasa es otra operación de calado planteada por el Departamento de Economía. La concesión de los túneles de peaje titularidad de la Generalitat podría aportar otros 430 millones de euros a las arcas autonómicas. El cierre de los mercados financieros, sin embargo, amenaza esta operación. Solo Abertis ha presentado oferta y podría no cumplir el pliego de condiciones planteado por el Ejecutivo catalán, porque el grupo de infraestructuras condiciona su oferta a encontrar un socio financiero que todavía no tiene. Podría quedar desierto.

Al concurdo de Tabasda solo acude Abertis y puede quedar desierto

»Edificios. La decisión de vender ladrillo es de 2011. La Generalitat anunció que ponía en venta 26 edificios. A finales de año, la sociedad inversora Moor Park había puesto una oferta sobre la mesa para comprar el paquete entero, pero se desestimó al considerar el Gobierno que estaba por debajo de mercado —450 millones— y que rechazó también por condiciones como el pago del alquiler en dólares o francos suizos. Tras frustrarse esa operación, en 2012 el Consell Executiu decidió mantener en venta 19 (con una previsión de ingresos de 360 millones de euros) y poner en alquiler los siete restantes (con un ahorro previsto de 12 millones). Hoy las ventas suman solo 69 millones por tres edificios. El Gobierno argumenta que “el contexto económico, el mercado inmobiliario y la dificultad de conseguir liquidez han provocado esta situación, que no es fácil”, pero “la Generalitat no puede vender a cualquier precio unos edificios que están ubicados en zona prime”. “Es un reflejo de la realidad, no hay crédito para nadie”, zanjan estas fuentes.

»ICF Equipaments. En la misma línea que la venta de edificios de oficinas de la Generalitat, el Departamento de Economía planteó en 2011 la enajenación de entre el 51% y el 90% de los activos que formaban parte de ICF Equipaments, básicamente escuelas y comisarías. Pese a asegurar a los compradores una renta por alquiler y a aplazar tres meses el concurso para conseguir ofertas, la operación, valorada en un mínimo de 400 millones de euros, quedó desierta. El Gobierno pretendía ingresar hasta 79,5 millones de euros, además de ceder la deuda de 350 millones de euros que se solicitó para construir esos equipamientos públicos. La empresa se rebautizó con el nombre de Edificios y Equipamientos de Cataluña (Eecat) y se fusionó con la nueva Gisa, Infraestructures.cat, que previamente ya había fagocitado Regs de Catalunya (Regsa) y Reg Sistema Segarra-Garrigues (Regsega).

»Empresas públicas. Los presupuestos de 2012 prevén una “reestructuración de empresas públicas” que no está cuantificada, pero estima un ahorro de entre el 20% y el 25% del gasto total del llamado sector público. El cómo (si mediante fusiones o extinciones de las empresas) será decisión de cada departamento.

Según el Programa de Estabilidad 2012-2015 que el Ejecutivo central remitió a la Comisión Europea en abril, hasta el mes de febrero la Generalitat tenía 67 entes, por lo que solo había reducido siete entidades. Desde entonces se han producido algunas fusiones y de estas ciertas se quedaron prácticamente sin presupuesto por los planes de austeridad.

La falta de liquidez frenó un expediente de regulación de empleo en Gisa

»Gisa. A solo 24 horas de cerrar el ERE del Incasòl (173 despidos que, con la reforma laboral, se rebajan de 45 a 20 días por año trabajado las indemnizaciones) la Generalitat presentó un segundo ERE para su empresa de construcción de infraestructuras, la antigua Gisa, hoy Infraestructures.cat, para 95 personas (el 42% de la plantilla). Un mes más tarde, a finales de julio, el Gobierno dio marcha atrás y convirtió el expediente en una suspensión temporal de seis meses que ya está vigente y afecta a 78 personas. Los sindicatos están convencidos de que si no se ejecutó el ERE fue por falta de liquidez e incluso expresan sus dudas de que, cuando sea la hora de volver para los que están en casa, presenten un nuevo ERE.

»Servicio Catalán de Ocupación (SOC). Este es otro claro caso de intento de privatizar un servicio fallido por la crisis. El centenar de empresas y organizaciones que se han acreditado para ejercer de intermediarios para el SOC están a la espera de firmar convenios con la Generalitat. Pero estos no llegan porque los fondos para políticas de ocupación que llegan del Gobierno central se vieron reducidos en un 58% para este año.