El fiscal pide expedientes en el Igape sobre las ayudas a un hotel de lujo

La Fiscalía de Monforte (Lugo) está recabando información sobre la subvención concedida el 6 de noviembre de 2009 por el Igape, instituto dependiente de la Consellería de Economía, al grupo Alvaher 98. La firma, presidida por el empresario madrileño del sector cárnico Alberto Vaquero, ejecutó la reconstrucción del rebautizado como Palacio de Sober, un pazo que fue recuperado para convertirse en hotel de cinco estrellas en el municipio lucense de 2.500 habitantes. El instituto público recibió hace varios meses un requerimiento de la fiscalía para que enviase copias de los expedientes de concesión de ayudas a la empresa, que fue beneficiada con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 2,5 millones de euros a un interés bajo (referenciado al Euribor más un 0,5%) y con un plazo de amortización de siete años. Al mismo proyecto la Xunta le otorgó otros 887.000 euros en la línea de incentivos a la inversión y 418.000 euros fueron concedidos por el Ministerio de Economía como fondos regionales que tramita la Xunta.

La construcción del complejo, que fue inaugurado en octubre de 2010, resultó una tarea salpicada de problemas por los retrasos en los pagos, de casi un millón de euros, a los 20 proveedores locales que realizaron los trabajos para la constructora subcontratada, Pérez Zafra. Incluso causó una bronca en el Parlamento gallego a cuenta de las críticas del diputado socialista José Tomé, que puso de manifiesto la vinculación de la familia de Raquel Arias, actual delegada territorial de la Xunta en Lugo, con el pazo. Los padres de Arias eran los propietarios de las ruinas, que según recuerda Tomé compraron “por 18 millones de las antiguas pesetas” (108.000 euros) en los años 90 y vendieron “multiplicando su precio” al empresario madrileño que inició la recuperación en 2008. Para Tomé, los retrasos de la Xunta en abonar las ayudas crearon un cuello de botella que puso contra las cuerdas a muchos proveedores.

Durante la inauguración, que contó con toda la pompa de un cualquier gran evento, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, elogió a los promotores por su “ánimo emprendedor”. El dueño, Alberto Vaquero, admitió en aquel acto —en el que no faltaron la banda de música de Sober y la Coral Polifónica de Pontevedra— que sacó adelante el proyecto para convertir el municipio en “un referente del turismo de alta calidad en la Ribeira Sacra”. La inversión fue, según los datos aportados a la prensa entonces, de casi ocho millones de euros.

Tras la inauguración y con el hotel en marcha, Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober, asegura ahora que la mayoría de las empresas “ya han cobrado” y que la crisis se ha superado. La imponente instalación tiene cuatro pisos, 30 habitaciones, 14 suites, un spa y 36 empleados que trabajaban hasta este año con un compromiso de estabilidad por parte de la empresa en compensación a las ayudas públicas recibidas. Este invierno se termina ese compromiso, por lo que la plantilla podría reducirse durante los periodos de menor ocupación. Según confirma el alcalde, este verano han salvado la temporada gracias, en parte, a la celebración de bodas y banquetes.

El Palacio de Sober está considerado como el pazo más grande de Galicia, una mole de 4.000 metros cuadrados que escondía entre sus sillares antaño dos torres del homenaje. La familia Vaquero, con la que este diario intentó contactar varias veces sin éxito, conoció su existencia durante unas vacaciones en la Ribeira Sacra de la mano de un arquitecto que luego se encargaría de las obras. La historia del edificio arranca en el año 740 de mano de Vasco López de Lemos, el linaje que dio nombre a la comarca. Tras incontables cambios, en el XIX pasó a los Gayoso del Pazo de Oca, y luego a los Medinaceli. A finales de ese siglo lo compró un vigués y luego pasó por varias manos hasta que en 1996 volvió otra vez a una familia de Sober. Los últimos moradores marcharon en el año 40 del siglo pasado y hasta su reconstrucción nadie lo habitó, lo que provocó que poco a poco se fuese transformando en ruina.

Fuentes judiciales aseguran que la solicitud del fiscal es un paso previo antes de la apertura de un posible expediente informativo, algo que ocurrirá si halla indicios de irregularidades. Los préstamos del Banco Europeo de Inversiones concedidos por el Igape han sido objeto de una enorme polémica desde que estalló el Caso Campeón.