Agbar y Acciona pugnan por la privatización estrella de la Generalitat

La privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la mayor planteada por el Ejecutivo catalán, será cosa de dos. Los consorcios liderados, respectivamente, por Agbar y Acciona competirán por quedarse durante 50 años con la concesión de la empresa pública de la Generalitat, que gestiona el ciclo del agua entre su captación en las cuencas hidrográficas y la llegada a los depósitos municipales del área metropolitana. Ayer, al filo de la finalización del plazo, ambas compañías presentaron sendas ofertas que suponen una bombona de oxígeno para el Departamento de Economía que dirige Andreu Mas-Colell.

La pugna por la compañía, a falta de que se validen las propuestas, asegura que las arcas autonómicas reciban antes de que concluya este año 300 millones de euros. Esa cantidad es imprescindible para reducir el déficit autonómico y aproximarse al complicado objetivo fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para este año, del 1,5%. Otra operación que podría ayudar en ese sentido es la privatización de los túneles de Cadí y Tabasa, valorada en 430 millones de euros. Sin embargo, en ese caso solo hay un candidato, Abertis, y su oferta está condicionada, por lo que no está asegurado que la operación llegue a buen puerto.

La dimensión económica de la operación de Aguas Ter-Llobregat, que asciende a un total de 1.000 millones de euros durante sus 50 años de duración, había obligado a la Generalitat a retrasar el plazo para presentar ofertas y a reducir el dinero que aportar una vez adjudicado el concurso, que inicialmente era de 400 millones. A las compañías les costaba encontrar socios que les permitieran financiar los compromisos económicos. De hecho, en ese camino se ha caído FCC, que había intentado participar en el concurso y que al final no ha podido presentar oferta.

Al final, el Departamento de Territorio pudo comunicar ayer la presentación de dos ofertas. Agbar se presenta con un consorcio denominado H2B, del que controlará el 25% del capital. Junto con la compañía participada por CaixaBank estarán los fondos First State, con el 33% de las acciones, y Caisse de Dépôt, con otro 30%. El grupo lo completan otras compañías especializadas en la distribución de agua, como Aigües de Terrassa, Aigües de Sabadell —que ya operan en el área metropolitana— y las constructoras Acsa, Copisa y Calaf.

Fuentes vinculadas a esa oferta esperaban ayer que el predominio de empresas catalanas, que controlan el 37% del consorcio, sea tenido en cuenta por la Generalitat como un factor más para determinar el vencedor del concurso, si bien esa condición no figura en el pliego de condiciones. Agbar ha conseguido cerrar un crédito sindicado en caso de adjudicarse el contrato para desembolsar casi el 70% del pago inicial, que ascenderá a 400 millones de euros si se tienen en cuenta los 300 millones dirigidos a la Generalitat y los gastos derivados de la operación. CaixaBank y el resto de grandes bancos españoles, a excepción de Santander, participarán en esa operación.

Por su parte, Acciona se ha aliado con el banco brasileño BTG Pactual. Ambas sociedades tendrán el 39% del capital de su consorcio, en el que también participarán otros inversores privados, con el 22% de las acciones.

Aguas Ter-Llobregat ha cerrado con pérdidas en los últimos cuatro ejercicios, que fueron de 34 millones de euros en 2011. A esos resultados negativos se añade la abultada deuda bancaria, que el ejercicio pasado se situó en 679 millones de euros, además de otros 104,6 millones adeudados a proveedores. La deuda bancaria la seguirá asumiendo la Generalitat, que irá pagando con el canon cobrado a la nueva sociedad gestora.