la situación económica

La crisis dispara las estafas y los asaltos a viviendas en Euskadi

La memoria de la fiscalía revela un descenso generalizado de la criminalidad

El fiscal superior vasco, Juan Calparsoro.
El fiscal superior vasco, Juan Calparsoro.

Más estafas, robos con violencia y asaltos a pisos habitadas. Como en otras comunidades autónomas, la crisis ha dado paso en Euskadi a un nuevo escenario delictivo. Así se recoge en la memoria anual de la fiscalía correspondiente a 2011. Su balance es pesimista también en lo que al número de agresiones machistas se refiere, cuyo incremento podría estar relacionado igualmente con la tensión derivada de la recesión económica. Lo advirtió ayer el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien destacó, no obstante, que la tasa de criminalidad se redujo en Euskadi casi un 3,5% el pasado año.

Calparsoro hizo hincapié en que el País Vasco se mantiene como una comunidad “muy segura”. Durante su comparecencia en Bilbao, argumentó que los precedimientos penales descendieron en términos generales en los tres territorios, aunque con menor incidencia en Álava. La tendencia se arrastra desde 2010. Pero mostró su preocupación por los efectos de una situación económica a la que vinculó de forma directa el aumento de los robos con violencia (19%) y los asaltos a pisos, que superaron los 2.200 casos el pasado ejercicio, con un incremento anual superior al 40%.

Aunque no había alcanzado la intensidad actual, la crisis ya hizo mella en 2011 en el impago de pensiones para el mantenimiento de menores y en las estafas, que repuntaron un 15%. También creció el número de denuncias por engaños en la firma de préstamos por particulares, lo que a su vez derivó en un “inevitable” aumento de desahucios, según concretó Calparsoro.

Los delitos societarios se multiplicaron por tres y los de falsedad se dispararon un 64%, sobre todo en el ámbito mercantil. Los cometidos contra la Hacienda pública se elevaron hasta los 44 supuestos, frente a los 30 del ejercicio precedente.

Calparsoro avisa del vínculo entre las agresiones sexistas y la recesión

El máximo representante del Ministerio Público en Euskadi fue incluso más allá en sus valoraciones al percibir una probable repercusión de la situación económica en el clima de tensión social y de malestar personal, lo que definió como posible “caldo de cultivo” del incremento en el número de agresiones machistas (13%). El fiscal superior hizo hincapié en el aumento de la violencia en la etapa de noviazgo, pese a que cabría suponer que “el deterioro de la relación no debería ser tan intenso” como en los casos de convivencia prolongada. Frente a esta situación, abogó por la educación de las nuevas generaciones.

El pasado año marcó también un sensible aumento (43%) de los delitos de homicidio y asesinato, si bien en grado de tentativa. Dos mujeres, sin embargo, fueron las que perdieron la vida en crímenes machistas, frente a las cinco de 2010. La memoria de la fiscalía, además, revela su “honda preocupación” por la protección de los menores contra la violencia sexual a través de Internet y tacha de “intolerables” las cifras de siniestralidad laboral, tras contabilizar 66 fallecimientos en 2011 y un aumento de las denuncias por riesgo en el puesto de trabajo. En el lado positivo de la balanza, valora la consolidación de los juicios rápidos, que no requieren investigación judicial, y de las sentencias por conformidad, que casi alcanzan ya la mitad de todas las condenatorias que se dictan.

Presentada la memoria de la fiscalía, Calparsoro aprovechó su comparecencia para tomar posición sobre varias cuestiones de actualidad. Recordó que las denuncias interpuestas en Euskadi por los casos de bebés robados no se han traducido aún en ninguna acusación y señaló que el denominado caso Cabacas, la muerte de un joven hincha del Athletic tras recibir un pelotazo de la Ertzaintza, no suma ningún retraso “indebido”.

Consideró que los delitos contra el orden público están “suficientemente sancionados” en el Código Penal, por lo que rechazó la reforma planteada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes (PP), para restringir las manifestaciones, cambio que el Ejecutivo ya ha dicho que no contempla.

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