Excargos nacionalistas en Ourense, en el banquillo por amañar un contrato

Ourense no sale de la órbita de la Pokémon, la operación contra la corrupción política que instruye la juez Pilar de Lara desde un juzgado de Lugo y que ha convulsionado la vida municipal durante los últimos 10 días. Y el ya exalcalde, el socialista Francisco Rodríguez —rendido tras una larga semana de forcejeo con la cúpula de partido para renunciar al cargo, el sábado, tras su imputación por cohecho y prevaricación— tampoco. El viernes, iniciada ya la campaña electoral, Rodríguez acudirá de nuevo a un juzgado. Esta vez para declarar como testigo citado por la Fiscalía para explicar por qué sus socios nacionalistas de gobierno en su primer mandato intentaron adjudicar sin concurso la instalación de unos paneles informativos a una empresa, Afiador S.L. “constituida ex profeso” para ello.

Aunque los paneles nunca se llegaron a instalar, el fiscal basa su denuncia en que la frustrada operación escondía un negocio de más de ocho millones de euros de facturación anual para la firma creada ad hoc para la adjudicación. Los excargos nacionalistas —que dimitieron cuando el fiscal los acusó, en 2010, tras iniciar la investigación a instancias de una denuncia del PP en 2008— comenzaron a declarar ayer ante el juez imputados por los supuestos delitos de falsedad, prevariación y cohecho (con la alternativa de tráfico de influencias). El ministerio público pide para cada uno de ellos pena de prisión de entre uno y cinco años y para los políticos, hasta 14 años de inhabilitación.

Entiende el fiscal que los seis acusados (dos extenientes de alcalde del exregidor socialista, Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata; un exdirector general, David Cortón los tres entonces en el BNG, formación que abandonaron con la escisión que luego daría lugar a Compromiso por Galicia— y un jefe de servicio, Elías Domínguez, además de los dos socios de la empresa Afiador S.L, Daniel Conde y José Omar Bouzo,) se pusieron de acuerdo para simular un expediente. Y sostiene que éste habría fructificado en la concesión de un servicio de 8,4 millones de euros de facturación anual por un periodo de 40 años a cambio de una inversión de 77.000 euros de la firma. “Habrían de dar alguna contraprestación por tan lucrativo negocio”, concluye el fiscal jefe de Ourense.

Aunque tras un respiro de días sin que la juez de Lugo haya ordenado nuevas detenciones de la Operación Pokémon, irrumpe, ahora ya para meter la nariz en la campaña de las autonómicas, otra acción judicial que pone bajo sospecha la actuación del bipartito local. Los tres excargos imputados y el jefe de servicio declararon ayer. Aseguraron que no llegaron a firmar la adjudicación, sino solo un convenio. Estuvieron arropados por familiares y representantes de Compromiso por Galicia. Nadie del BNG. Ningún de sus exsocios del PSOE.

Junto a ellos declararon también los dos socios de la empresa Afiador S.L., que aseguraron que, “tiramos para delante” socavando las aceras porque desde el Ayuntamiento no contestaban a su petición de inicio de obra. Fue el propio exregidor Francisco Rodríguez quien dio marcha atrás a la adjudicación en una junta de gobierno ante la alerta del interventor. El expediente se frenó ahí y fue anulado con el aval de la asesoría jurídica y del Consello Consultivo. Pero el grupo municipal del PP —en la oposición y que se persona como acusación particular— acudió con la denuncia a la Fiscalía, que decidió presentar querella ante un juzgado de instrucción. El PP acudió a la fiscalía cuando comprobó que se abrían socavones sin licencia de Urbanismo y tras intentar, sin éxito, que se aprobara una comisión de investigación.