El personal de confianza de la Asamblea cuesta un millón de euros

“No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo”. Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, recurre a la máxima que Plutarco recogió para la posteridad en sus Vidas Paralelas, una cita más vigente que nunca, pese a sus 2.000 años de antigüedad, para recalcar una de las funciones de los cargos públicos elegidos en las urnas: “Dar ejemplo”.

Siguiendo con la sentencia latina mencionada, atribuida al mismísimo Cayo Julio César, Unión Progreso y Democracia registrará esta mañana varias propuestas que a buen seguro provocarán un terremoto en el Parlamento regional. No hay más que remontarse al malestar que causó entre los diputados del PP (72), PSM (36) e IU (13) que los ocho parlamentarios magenta comparasen la semana pasada los 3,55 euros del menú de la cafetería del hemiciclo —hay otro más vip, de 6,95— con los 3,80 que se pide a quienes coman de tupper en las escuelas.

La formación insistirá, dentro de una batería de iniciativas, en “reducir cargos de confianza”, como el mismo De Velasco recalcó en el reciente debate de investidura de Ignacio González. “La gravedad de la crisis ha puesto de manifiesto ante los ciudadanos la existencia de una administración paralela a la profesional formada por un exceso de personal eventual o cargos de confianza”, que el partido numera en 26 individuos aparte de las “203 plazas de empleados públicos que se encuentran prestando servicios para el Parlamento autonómico”. Según UPyD, el número de personal de confianza “es manifiestamente excesivo e innecesario y sobrepasa el posible lógico apoyo al presidente de la Asamblea” y “suponen un gasto innecesario ya que entre la plantilla de funcionarios existentes hay quienes podrían realizar sus funciones”. La partida para las nóminas del personal de confianza asciende según sus cálculos a 1.090.913,91 de euros al año, con sueldos llamativos como el del director del Gabinete de Presidencia (82.096,67) o el director adjunto a dicho gabinete (71.062,53). El partido de Rosa Díez pide “que se realice a la mayor brevedad un proceso de racionalización del personal eventual (cargos de confianza), dejando como máximo un número de seis puestos para ser cubiertos”.

Otro de las propuestas consiste en la supresión de los coches oficiales de los portavoces de los grupos parlamentarios —los mantienen PSM e IU y renunciaron a ellos el propio De Velasco y el del PP, Íñigo Henríquez de Luna—, miembros de la Mesa y secretario general de la Asamblea argumentando que el número de vehículos —18, de los que diez tienen un contrato de renting para el que están presupuestados este año 98.000 euros— “es excesivo”.

La formación también está en contra de que los parlamentarios no paguen los peajes

“Los coches oficiales no son precisos para ejercer la función, solo lo son para tener un determinado estatus”, reza el escrito. UPyD entiende que basta con mantener “el coche del presidente de la Asamblea [José Ignacio Echeverría], y, como máximo otros tres de incidencias”. El resto de la flota se vendería. Sobre los 16 chóferes asignados, de los que diez son funcionarios y seis personal eventual según viene registrado en la Proposición No de Ley, UPyD solicita que “se garantice que, a través de un proceso de reasignación de efectivos, los funcionarios que hasta entonces ocupaban los puestos de conductores pasen a realizar tareas operativas en la consejería que resulten necesarios”. Ahí no termina la cosa. El partido, con representación en el hemiciclo regional desde 2011, irá más allá y planteará que la Comunidad prescinda de todos sus coches oficiales con una excepción: el presidente de Madrid.

Las prebendas o privilegios en transporte de los diputados regionales incluye una tarjeta VIAT que les permite desplazarse gratis por las autovías de peaje de la región y del resto de España (la partida de este año es de 35.000 euros). Además disfrutan de un abono transporte gratuito y 3.000 euros anuales para taxis (un gasto de 387.000 euros al año). Aparte, los parlamentarios disfrutan de la exención del IRPF del 20% en sus nóminas —3.503 euros brutos mensuales (14 pagas) para los diputados rasos—, que UPyD viene pidiendo que se retire hace tiempo. El grupo parlamentario pedirá, “para racionalizar el presupuesto” que “se retire la tarjeta VIAT a los diputados y a quienes disponen de ella en la Asamblea” y que se reduzca “a la mitad, como mínimo, la partida presupuestaria asignada a sufragar los gastos de taxi”. “Habrá quien piense que no supone un gran ahorro, pero son medidas ejemplarizante”, resume el portavoz adjunto, Ramón Marcos.