Los abogados renuncian a parte de sus guardias del turno de oficio

La situación que atraviesa el turno de oficio en la Comunidad de Madrid ha llevado a 376 abogados a renunciar a 514 guardias en los próximos meses, lo que puede suponer que bastantes detenidos se queden sin asistencia colegiada. Los letrados se quejan del impago de todos los honorarios del presente año, la congelación de las retribuciones desde 2004 cuando fueran transferidas las competencias al Ejecutivo regional y la rebaja de las minutas un 20% dentro de la campaña de ahorro de la Administración.

El conflicto entre los abogados se arrastra desde hace años en Madrid. Los abogados siempre han denunciado que la Comunidad tarda mucho tiempo (hasta más de un año) los honorarios y que además no ha actualizado las tarifas. La protesta se enmarca en una campaña de renuncia masiva temporal a las guardias, que comenzará a partir de hoy y que no tiene fecha de finalización. Es más, algunos colectivos como la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), ha pedido a todos los colegiados que estén en el servicio de justicia gratuita que secunden la protesta para que la Comunidad de Madrid tome cartas en el asunto.

Reunión urgente

Los abogados han pedido una reunión urgente con los responsables de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid (que acaba de cambiar de titular tras la remodelación del Gobierno autonómico) para intentar solucionar el problema. Por su parte, la directora General de Justicia del Ejecutivo regional, Carmen Díaz de Bustamante, ha mandado una carta al Colegio de Abogados de Madrid en el que le recuerda la obligación el garantizar la asistencia letrada al detenido. También le pregunta por las medidas que piensa adoptar el colegio para evitar casos de indefensión o de incumplimiento por parte de los letrados.

Desde el colegio le han respondido a su vez a Díaz de Bustamante que no es posible “remediar la desatención permanente de un servicio público que corresponde a la Administración pública”. “La situación en la que nos encontramos viene motivada por la sistemática desatención de esa Consejería hacia el trabajo que cada día desarrollan los profesionales que prestan los servicios de justicia gratuita en la Comunidad de Madrid”, concluye el colegio.