La recaudación por delitos fiscales se multiplica por siete en un año

Hacienda aprieta las tuercas a los defraudadores, los jueces les condenan a devolver lo que han sustraído y el Estado recupera el patrimonio perdido. Las sentencias que dictaron los juzgados de Barcelona el año pasado permitieron recuperar al erario público 153,4 millones de euros, siete veces más que en 2010, cuando la cifra alcanzó los 22,8 millones. El auge de estafas cada vez más “sofisticadas” y “profesionales” y los importes estratosféricos de algunos fraudes explican el notable incremento, recogido en la memoria anual de la fiscalía provincial de delitos económicos.

La mayor parte del dinero recaudado (94,4 millones) corresponde a las multas que se imponen a los defraudadores. El resto (59,1), a la responsabilidad civil que siempre lleva aparejada la comisión de cualquier delito. Las proporciones del año anterior son similares.

Las “decididas” iniciativas de la Agencia Tributaria para “perseguir el fraude” han hecho crecer el número de casos que se investigan. A 31 de diciembre de 2011, había casi 700 asuntos “vivos”, recoge la memoria. Como solo hay siete fiscales dedicados exclusivamente a los delitos económicos, el resultado es que cada uno de ellos atiende un centenar de casos, una “atribución desmesurada”. Más si se tiene en cuenta que esa “acumulación” se da en temas de “gran complejidad”, añade el informe del servicio, que coordina el fiscal Francisco Bañeres.

La memoria repasa los escándalos de mayor envergadura que se investigaban en 2011 y que, hoy por hoy, aún no están cerrados. Uno de ellos es uno derivado del caso Palau. La fiscalía considera que los saqueadores confesos de la institución musical, Fèlix Millet y Jordi Montull, defraudaron 700.000 euros a costa del impuesto del IVA en 2007. La UTE que amplió el dique este del puerto de Barcelona también se dedujo, presuntamente, más de lo que le correspondía por ese impuesto. Según la fiscalía, presentó facturas por la compra de miles de toneladas de piedras que jamás existieron. Por citar otro ejemplo, los hermanos Carulla, propietarios de Agrolimen, defraudaron, presuntamente, cientos de miles de euros a través de sociedades instrumentales ubicadas en paraísos fiscales.

Los fiscales alertan de una creciente “profesionalización” en el fraude del IVA y destacan la existencia de “estructuras organizadas” que tienen como único fin la emisión “sistemática” de facturas falsas. La Agencia Tributaria hace su trabajo, pero no dispone de los mismos medios que un juez o un fiscal, por lo que lo ideal, recoge la memoria, es que informen “tan pronto como existan indicios” de irregularidad.

La mayoría de las sentencias dictadas en Barcelona (65%) fueron condenatorias. El porcentaje, sin embargo, es inferior al de 2010 (80%). La fiscalía cree que hay “cierta tendencia a la absolución” cuando las cuotas defraudadas superan ligeramente el umbral marcado por la ley: 120.000 euros. Y advierte de que, en muchos otros casos, los juicios llegan tan tarde que los delitos ya han prescrito o el acusado, sencillamente, ha fallecido o se ha dado a la fuga.

La solución obvia —más rapidez— choca con la realidad, que es tozuda: los asuntos del día a día, a menudo más urgentes, hacen que los económicos “queden orillados”. Además, son complejos —hay muchos implicados, desde el emisor de facturas falsas hasta el testaferro— y “requieren mucho tiempo” para leer.