¿Pagar para ver?

El monumento seguramente más visitado de España en las últimas décadas, la Alhambra de Granada, tiene establecido un temprano sistema de cobro para la visita desde principios del siglo XX, que arbitra el mecanismo para que la suma de las entradas y otros ingresos percibidos por el monumento se destinen a su conservación y sostenimiento. Seguramente la Alhambra, por su fragilidad, hubiese tomado otro rumbo desde el punto de vista de la conservación al no disponer de esos fondos.

Pero no se trata de un criterio aplicado de forma homogénea a otros casos, sino que tiene carácter excepcional, y extraña que un modelo de tanta eficacia no haya tenido reflejo en otros monumentos andaluces de gestión pública que siguen sin cobrar por el acceso. Es cierto que no todos los conjuntos culturales de la comunidad andaluza pueden cobrar una entrada de 13 euros, pero es factible establecer unas escalas apropiadas a cada caso. Lo que no parece lógico es que un bien cultural de referencia en todo el mundo como Madinat al-Zahra (Córdoba) no cobre entrada alguna y que esta situación sea extrapolable a la Alcazaba de Almería, Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz) o Itálica (Santiponce, Sevilla), entre otros muchos casos.

La Iglesia católica ha emprendido un camino divergente, especialmente en las catedrales, uno de los conjuntos más importantes del patrimonio cultural español. La Catedral de Sevilla, de las más organizadas del país en materia turística junto con el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona o la Catedral de Santa María de Vitoria, cobra ocho euros y despliega, desde hace años, una intensa actividad en pro de la conservación y difusión de su patrimonio. El sector público lleva muchas décadas empleando parte de sus recursos en el patrimonio eclesiástico, pero no se trataría tanto de vetar o cuestionar el cobro de las entradas como de racionalizar el uso de los ingresos para que cada vez más los distintos cabildos catedralicios inviertan en conservación y restauración bajo la tutela y control de las intervenciones por parte de la Administración pública para garantizar su idoneidad.

En lo que se refiere al patrimonio cultural andaluz que es propiedad pública, sería conveniente estudiar, de forma experimental, un sistema de cobro para la entrada a alguno de sus monumentos más importantes. Se iniciaría, con toda seguridad, un despegue hacia la sostenibilidad del patrimonio cultural con muchas sorpresas positivas en relación a lo que se puede hacer en materia de conservación, investigación y difusión, y al empleo que es posible generar con poco dinero fluyendo de forma constante.

Pedro Salmerón es arquitecto restaurador.