Café con euros para todos

¿Tiene derecho un ciudadano a exigir, en un hospital público, una habitación individual y una enfermera exclusiva por el hecho de cotizar al máximo a la Seguridad Social?

¿Debería conformarse un parado, que solo percibe el modesto subsidio de 400 euros, a que lo apiñen en una sala junto a una docena de enfermos tan pobres como él?

¿Tienen más derechos los que pagan más impuestos? No. No, en “un Estado social y democrático de Derecho”, que tiene como valores superiores “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, como reza el artículo 1º de la Constitución Española (CE).

Hoy, esa igualdad está en entredicho. Porque Cataluña viene reclamando desde hace dos años un trato privilegiado. Tras el fracaso de Artur Mas de imponer a Rajoy el pacto fiscal, el presidente catalán ha anticipado las elecciones bajo la bandera de la autodeterminación.

Pero como ese es un largo proceso y Cataluña necesita con urgencia una potente inyección de dinero, el presidente Mas intentará obtener de Madrid condiciones de financiación especiales para engrasar sus maltrechas finanzas públicas.

Las penurias económicas y el creciente independentismo catalán han puesto en primer plano la necesidad de abordar, de una vez, la reforma del modelo autonómico. Que muy posiblemente obligará a reformar la Constitución española (CE).

Un tema delicado que enfrenta a los dos grandes partidos sin cuyo acuerdo esa reforma es imposible. Para los socialistas, la reforma es necesaria. Lo escribía en este periódico el presidente José Griñán: la CE “no está escrita en piedra” ni “es inmutable”.

Por el contrario, el PP cree que la CE es un “muro infranqueable”. Aunque no lo fue cuando, en agosto del pasado año, se modificó en menos de una semana, tras una conversación telefónica entre Zapatero y Rajoy, para aplacar a los mercados.

Cambiarla ¿en qué sentido? Los socialistas abogan por “un Estado federal cooperativo que respete las diferencias y singularidades” del conjunto, en palabras de Griñán. Los populares, por el contrario, creen que sería un error, como ha señalado su presidente andaluz, Juan Ignacio Zoido.

Pero se equivoca Zoido: lo peor no sería eso, sino lo que defienden dirigentes de las nacionalidades históricas, algunos de su propio partido, como Núñez Feijóo. El presidente de Galicia está en contra del café para todos y quiere replantarse “una España divida en 17 autonomías”.

El catalán Duran Lleida (CiU) va más lejos: sostiene que solo deben gozar de autonomía plena Cataluña, País Vasco y Galicia y el resto que se conformen con cierto “grado de descentralización”.

El 2 de octubre se celebra la primera cumbre de presidentes autonómicos convocada por Rajoy. Ese debe ser el escenario en el que se aborde este tema. Pero antes, los presidentes tendrán que solventar la urgente necesidad que tienen las CC AA de obtener liquidez para afrontar sus deudas. Deberán ponerse de acuerdo en cómo distribuir los 18.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al que Andalucía, como casi todas las comunidades, se piensa sumar y cómo se diseña un nuevo modelo de financiación, una vez demostrado que muchas comunidades, no solo Cataluña, pierden con el actual.

Todo ello bajo el principio de igualdad. Las singularidades autonómicas no pueden convertirse en privilegios. Y mientras Cataluña siga formando parte del Estado español, deberá tener los mismos derechos y deberes que el resto. Lo contrario sería primar a quienes ya gozan del privilegio de ser más ricos y obtener más ingresos.

Sería darles una habitación de lujo, mientras el resto de pacientes se hacinan en abarrotadas salas colectivas del hospital. Relean el artículo 1º de la Constitución.

@JRomanOrozco