López avanza medidas, “legislativas incluso”, contra el desahucio de parados

Ibarra sitúa a la judicatura como garante de los derechos ciudadanos frente a la reforma laboral

Patxi López, durante su intervención hoy en el Tribunal Superior.
Patxi López, durante su intervención hoy en el Tribunal Superior.alfredo aldai / efe

El lehendakari, Patxi López, se ha comprometido hoy a impulsar cuantas iniciativas sean necesarias, “incluso legislativas”, para que no puedan ser desahuciadas las personas en desempleo que no puedan hacer frente al pago de las hipotecas de sus viviendas habituales. Aunqu8e no ha concretado las medidas a adoptar, el líder del Ejecutivo vasco ha querido recoger el guante que en las últimas semanas le habían planteado jueces y abogados progresistas.

López ha hecho el anuncio en Bilbao, durante la apertura del Año Judicial, que ha presidido junto al máximo responsable de la judicatura vasca, Juan Luis Ibarra. Al acto han asistido también el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparosoro, los jueces que integran el órgano de gobierno del Tribunal Superior y los tres vocales para Euskadi del Consejo General del Poder Judicial: Margarita Uria, Félix Azón y Manuel Almenar.

López ha anunciado su intención de recoger la propuesta de la magistratura para “proteger” a los desempleados de las ejecuciones hipotecarias, después de que este año, también haciéndose eco de la petición de los jueces de hacer frente al “drama humano” de los desahucios, se haya creado el Servicio de Mediación Hipotecaria. Un servicio, público y gratuito, del que se han beneficiado un centenar de ciudadanos en sus cinco meses de funcionamiento.

“Con dinero público hemos ayudado a los bancos. Corresponde ahora a los bancos hacer un esfuerzo para que ningún ciudadano se vea necesitado de rescate”, ha considerado el lehendakari, quien ha defendido también que “los ciudadanos no son hipotecas impagadas andantes, sino sujetos de derechos, y deben ser objeto de políticas públicas que les impidan caer en la marginación, la pobreza o el desarraigo”.

Ibarra, por su parte, ha situado a la judicatura como garante de la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, sobre todo en materia laboral, mediante el “control inmediato de la legalidad y de la validez de las decisiones empresariales, ahora atribuidas a la voluntad unilateral de los empresarios”. Además, ha criticado la imposición de tasas para el acceso a los tribunales y el “colapso” en el proyecto de modernización de la Justicia.

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