La “inoportunidad” del Consejo Vasco de Finanzas

Como es sabido, la Ley de Territorios Históricos (la controvertida LTH) es la norma básica que define el entramado institucional de nuestra Autonomía. Una pieza clave del diseño es el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), órgano de composición paritaria, al que corresponde, según reza el artículo 28, determinar la distribución de los recursos entre la Hacienda del Gobierno vasco y las Haciendas Forales.

Dicción tan rotunda (“determinar”) requiere un par de matizaciones. Primero, existe una metodología muy rígida y precisa que establece los criterios del reparto, la llamada justamente “ley de metodología de distribución de recursos”. Y, segundo y más importante, los acuerdos del CVF, hasta los adoptados por unanimidad, requieren la aprobación expresa del Parlamento vasco, que puede incluso rechazarlos. Y, desde luego, en caso de desacuerdo, el órgano decisor último es el Parlamento.

Este doble encorsetamiento ofrece a día de hoy un perfil muy singular. La metodología de reparto más reciente, acordada en su momento en el seno del CVF, es la aprobada por el legislativo vasco para el período 2007-2011. Terminó el quinquenio y la ley 2/2007 de aportaciones no ha sido aún sustituida por otra nueva. Adicionalmente, el lehendakari ha dictado la disolución del Parlamento, lo que implica que la exigencia de convertir en normas legales los acuerdos del CVF está temporalmente suspendida.

Gobernar desde la minoría no es la opción más conveniente para el país

Y, sin embargo, no existe formalmente ningún vacío legal, ni metodológico ni presupuestario. La disposición final de la ley de metodología de 2007 prevé su ampliación excepcional para los ejercicios 2012 y siguientes. (Aunque cabe preguntar cuál es la excepcionalidad que justifica no tener aprobada la nueva ley desde finales de 2011). Por otro lado, la prórroga de los presupuestos es una técnica, también excepcional, cuya aplicación está contemplada en todos los niveles institucionales de la Comunidad Autónoma (Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos).

¿Cuál es entonces el problema? Muy sencillo: que nos encontramos ante una excepcionalidad de orden superior, la actual crisis económica, que desaconseja de modo tajante adoptar mecanismos sustitutorios o especiales (second best) pensados inicialmente para épocas de estabilidad financiera. En un escenario macro donde la recaudación de los ingresos se estima a la baja y las políticas de recorte del gasto público son irremediables, la doble prórroga, la metodológica y la presupuestaria, es un disparate tanto técnico como político.

La doble prórroga es un disparate tanto técnico como político

Y aquí es donde cobra relieve el papel "determinante" del CVF en la gestión de las cuentas públicas. Cada año, antes del 15 de octubre, debe llevar a cabo una doble tarea: una, revisar la estimación de los ingresos del ejercicio en curso (art. 23 de la Ley de Metodología); y dos, acordar los ingresos para el ejercicio siguiente (art. 29 de la LTH).

La primera tiene una consecuencia inmediata: queda modificada la última de las seis aportaciones que las Diputaciones efectúan al Gobierno, la correspondiente al mes de noviembre. Obviamente, cuando los ingresos se estiman inferiores a los inicialmente previstos, la aportación se reduce y el déficit aumenta.

Por su parte, la segunda de las tareas es el punto crucial de arranque para la elaboración de los presupuestos de toda la Comunidad Autónoma. Es donde se define el dato que sirve para fijar las aportaciones de las Diputaciones a Gobierno y Municipios, y, en definitiva, para poder establecer el capítulo de ingresos de todos ellos. Es más, cada Diputación necesita conocer la recaudación de las otras dos para así estimar su propia aportación, que está en función de los ingresos de todos. (Es el llamado efecto Olaberri en la jerga de Lakua, en homenaje al ilustre y habitual colaborador de este periódico, primero en hacer pública tan extraña peculiaridad metodológica).

Cumplir los deberes marcados para el 15 de octubre significa, según parece, más déficit para 2012 y un empeoramiento del presupuesto de ingresos para 2013. Un trago amargo que el Gobierno está decidido a evitar, arguyendo la conveniencia de alejar los trabajos siempre delicados del CVF de la pugna electoral. Argumento pintoresco propio no tanto de un Gobierno, como de un partido que teme dañar su imagen en el proceso que cierra el 21 de octubre. Vistas las cosas en clave partidista, la mesa del CVF estaría dividida en dos bloques iguales, con la circunstancia anómala de que el partido que representa a una parte va a contar con un 20% aproximado del respaldo ciudadano. ¿Serán más pacíficas y eficaces las reuniones después del día 21, cuando los tres Diputados Generales tengan en frente a una formación política que debe abandonar Ajuria Enea?

Hay que reconocer que la problemática presupuestaria, vital hoy para el país, no ha sido una de las prioridades tenidas en cuenta por el lehendakari al señalar el momento del adelanto electoral. Su inoportunidad es manifiesta. En una situación tan excepcional como la que vivimos, toca ahora abordar con precipitación y urgencia la dirección general de toda la política económica de Euskadi, en sus diferentes niveles institucionales, así como los presupuestos resultantes.

Y en este contexto de irresponsabilidad la misma lección una vez más: gobernar las instituciones desde la minoría no es la opción más conveniente para el país, tampoco en los asuntos económicos. La primera ley metodológica o de aportaciones nació en 1985 fruto del acuerdo PNV-PSOE. Eran otros tiempos.