Duran i Lleida declarará como testigo en el ‘caso Pallerols’

La Audiencia de Barcelona ha aceptado que el secretario general de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran Lleida, declare como testigo en el juicio por el 'caso Pallerols', de presunta financiación irregular de Unió Democràtica a través de los fondos públicos de la Generalitat destinados a la formación de parados. Uno de los principales acusados, el ex alto cargo de Unió Vicenç Gavaldà, ha solicitado la declaración, en calidad de testigos, de Duran i Lleida y del diputado de CiU en el Congreso de los Diputados Josep Sánchez Llibre. En una resolución conocida ayer, la Audiencia no ha puesto trabas a que se produzcan esas declaraciones.

El juicio por el 'caso Pallerols' está previsto que se celebre a principios del próximo año. La fiscalís solicita penas de entre 7 y 11 años para seis acusados por los presuntos delitos de malversación y falsedad documental. Los acusados desviaron, presuntamente, fondos procedentes del Departamento de Trabajo que consiguieron las academias del empresario andorano Fidel Pallerols. El fiscal Fernando Rodríguez Rey considera que Unió debe responder como responsable civil subsidiaria y devolver a la Generalita casi 600.000 euros, en caso de que se acredite la malversación.

Las defensas de los acusados han presentado en los últimos meses sus escritos de defensa. El abogado de Gavaldà, Manuel González Peeters, solicitó la absolución para su cliente -que fue secretario de organización de Unió- y pidió una serie de pruebas para que se celebren en el juicio. Además de las declaraciones de Duran Lleida y Sánchez Llibre, el letrado ha pedido la declaración como testigos de 16 personas más, buena parte de ellas ligadas a Unió. Según su escrito de defensa, Gavaldà no tenía "ninguna intervención, ni directa ni indirecta, en las cuestiones de financiación".

En un auto en el que resuelve ésta y otras peticiones de las defensas, la Audiencia de Barcelona rechaza otorgar la nulidad de las actuaciones sobre una comisión rogatoria realizada en Andorra. También anuncia que el presunto delito de cohecho que el fiscal también atribuye a los acusados va a quedar fuera del juicio. Los magistrados admiten las pruebas propuestas, salvo algunos testigos.

Los hechos ocurrieron entre 1994 y 1999. Cinco de los acusados son militantes de Unió. El escrito de acusación del fiscal considera que hubo un "acuerdo" entre los responsables de Trabajo para desviar a Unió el 10% de las subvenciones públicas.