Madrid se plantea si multar al cliente de la prostitución callejera

La prostitución no es delito en España (sí lo es la explotación sexual), pero varias ciudades, entre ellas Barcelona, han prohibido que se ejerza en las calles bajo pena de multa tanto para los clientes como para las mujeres. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (Partido Popular), ha apostado en público por convertir la ciudad en “incómoda” para los primeros, pero se niega a sancionar a las prostitutas. La oposición, a instancia de Unión Progreso y Democracia (UPyD), pedirá en el próximo pleno municipal que se apruebe antes de seis meses una ordenanza que debería imponer multas a los clientes pero no a las mujeres. Sin embargo, el Ayuntamiento ve dificultades legales y logísticas insalvables.

El Gobierno local lleva medio año de retraso en la elaboración de un nuevo plan contra la explotación sexual, con vigencia de 2012 a 2016. Su objetivo será ofrecer “apoyo y asistencia integral a quienes deseen abandonar la prostitución mediante procesos individualizados de recuperación personal, formación e inserción sociolaboral”. En 2010, la principal demanda de las mujeres a los servicios municipales fue un empleo (47%); el año pasado, la unidad móvil del Ayuntamiento realizó 10.713 tomas de contacto con prostitutas, el 90% de ellas extranjeras (aunque desde 2007 hay cada vez más españolas), y la mayor parte en Villaverde, centro y Casa de Campo.

La ordenanza pretende imponer multas a los clientes y no a las mujeres

El consistorio “no contempla ninguna medida de coacción ni de represión dirigida a las víctimas”, y “respeta la libertad de las personas para elegir”. En 2003, año en el que entró a formar parte del Gobierno municipal dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, Botella aseguró: “Yo estoy en contra de legalizar la prostitución. Solo tendría sentido para quien la ejerza como una decisión libre, quizá algunos casos de prostitución de lujo”. Poco después, añadió: “Aunque se trata de un problema de difícil solución, hay aspectos en los que tenemos que ser ambiciosos, con la mirada a medio-largo plazo”.

Sin embargo, Madrid sigue sin contar con una ordenanza que regule la prostitución. Barcelona (como Badajoz, Alicante o Granada) sanciona a las prostitutas, con multas de hasta 300 euros por ofrecer servicios sexuales en la calle (y hasta 750 si es cerca de un colegio). Y también a los clientes (como Albacete y Sevilla), con entre 1.000 y 3.000 euros. La Generalitat catalana (CiU) multiplica por 10 esas sanciones para la prostitución en carreteras. Y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz (PP), avanzó en junio que pretende luchar en el mismo sentido con “medidas de tipo administrativo y penal”.

Botella repitió entonces: “Soy partidaria del modelo sueco, de ayudar a la mujer y multar al cliente”. En agosto, la presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), admitió sus diferencias con la alcaldesa y abogó por “regular” la prostitución “precisamente para evitar la explotación de algunas mujeres que la ejercen”.

UPyD llevará al próximo pleno, a final de mes, una proposición para instar al Ayuntamiento a “erradicar la prostitución en los espacios públicos” con la puesta en marcha, como “instrumento clave”, de una ordenanza que sancione “la demanda de servicios sexuales en la calle, no así el ofrecimiento”. Propone establecer “una gradación” en los castigos, de forma que la primera sanción conlleve trabajos para la comunidad o asistencia de jornadas de concienciación. A partir de ahí, los reincidentes recibirían castigos “pecuniarios y/o administrativos”.

La proposición, elaborado por la concejal Cristina Chamorro, exige al Ayuntamiento “una partida presupuestaria suficiente y diferenciada” para el nuevo plan; y seis meses para elaborar y presentar la ordenanza. El Partido Socialista respalda la iniciativa, aunque aporta dos matices: quiere que la sanción al cliente sea pecuniaria desde el primer momento, puesto que, en su opinión, los cursos de concienciación no son efectivos, “como se ha demostrado con el botellón”. Y precisa que el dinero recaudado debería dedicarse a esa partida presupuestaria para educación y ayuda social.

Izquierda Unida está negociando también su apoyo a la proposición; coincide en castigar únicamente al cliente, aunque aboga por hacerlo no solo en el caso de la prostitución callejera. “La anomalía social es que haya gente que se tenga que prostituir con independencia de dónde lo haga”, asegura su líder municipal, Ángel Pérez.

Cristina Chamorro ve espacio para el entendimiento, pese a que defiende que se impongan cursos de sensibilización a los clientes antes de multarlos. En cualquier caso, reconoce que el principal papel de la ordenanza sería disuasorio, con un factor ejemplarizante en tanto en cuanto la notificación de la sanción llegaría al cliente a su casa. Según sus datos, en Sevilla se han aplicado solo 93 sanciones este año, de las que 16 se han cobrado. “Son pasos para iniciar el camino y abrir un debate social”, consciente de la dificultad que supone pillar in fraganti al cliente y, sobre todo, demostrar que lo es.