Las cementeras, a medio gas

Solo la mitad de las plantas operan a pleno rendimiento, mientras las compañías buscan beneficios en el exterior y en el CO2. La industria del cemento continúa malviviendo de los escombros de la construcción. En cuestión de cinco años su consumo en Cataluña se ha quedado en un tercio del que era en 2007, cuando el sector inmobiliario vivía todavía en una burbuja y las Administraciones soportaban la obra pública con cifras récord de inversión. Nada queda ya de aquello. La producción en las plantas catalanas ha pasado de máximos, 9,5 millones de toneladas, a mínimos, los 3,9 millones de toneladas con que cerró 2011. Y en el primer semestre de este año, ya se ha producido una caída adicional del 20%, según los datos de la patronal del sector, Ciment Català.

“La caída se veía venir, pero lo que nos ha sorprendido es su brusquedad”, señala el director de una planta catalana, consciente del problema en el que se encuentra el sector, que todavía no se sabe si ha tocado fondo. El consumo ha llegado a cifras tan bajas que los operadores dan por descontado que en 2014, o como muy tarde en 2015, tendrán que recuperarse y repuntar. “Ahora ya solo pueden caer muy poco”, señalan las mismas fuentes.

Como consecuencia de la crisis, el mapa de las cementeras ha cambiado radicalmente. Antes del derrumbe de la construcción, en Cataluña había siete plantas, de las que ya ha desaparecido una, la que explotaba Cemex en Vilanova i la Geltrú (Garraf) hasta que cerró en 2009. Ahora, apenas cuatro funcionan todo el año y una de ellas, la de Lafarge en Montcada i Reixac (Vallès Occidental), lo hace a una capacidad del 50%. Es la forma en que las cuatro compañías que operan en Cataluña se han adaptado al nuevo contexto, en el que también ha dado un vuelco el mercado exterior. En 2007 se importaban casi dos millones de toneladas de cemento porque los productores locales no daban abasto. Ahora, las cementeras catalanas intentan encontrar en el extranjero —donde ya colocan 1,6 millones de toneladas— una salida a su producción, pese a los bajos precios.

El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Francesc Xavier Mena, fue gráfico en una respuesta parlamentaria: “Hace falta tener en cuenta que en los últimos años la producción total de cemento en Cataluña no es muy superior a la capacidad de las dos plantas de Valderrivas en Cataluña (3,2 millones de toneladas)”, dijo.

Ahora el mercado

Mena se refiere a Portland Valderrivas, el grupo que adquirió Corporación Uniland y sus dos plantas en Cataluña. Con la caída del consumo, esta compañía ha decidido dejar su planta de de Vallcarca (Garraf) en barbecho. Otra compañía, Cemex, hizo lo mismo en Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). Solo las ponen en marcha durante un mes y medio al año, tiempo suficiente para producir y no perder los derechos de emisiones de CO2 asignados por el Estado, que después pueden vender. “No quieren perder los derechos: ganan dinero con la fábrica cerrada”, denuncia César García, presidente del comité de empresa (UGT) de la fábrica de Uniland en Vallcarca.

Los sindicatos, no obstante, no son críticos con la depuración de empleos que ha provocado la crisis. Todas las fábricas han reducido el número de lugares de trabajo, pero las medidas, aseguran los representantes de los trabajadores, no han sido traumáticas. Prejubilaciones y, en casos contados, bajas incentivadas han sido la tónica dominante.

“Desde 2008 el goteo de salidas ha sido continuo, pero sin despidos”, asegura José Ramos, representante de CC OO en el comité de empresa de Cemex, que redujo a la mitad la plantilla de su fábrica de Sant Feliu de Llobregat para adaptarse a la nueva realidad (ahora trabajan en ella 59 personas). En la planta de Uniland en Vallcarca, la otra gran afectada por la tijera del departamento de recursos humanos, se prejubiló a 33 personas con más de 58 años. Ahora quedan 77 trabajadores para realizar tareas de limpieza y mantenimiento, de los que una parte ya saben que deberán trasladarse a la fábrica de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès), donde la planta funciona al 100%.

Todas las fábricas

Lafarge también ha reducido personal: ha despedido a unas 20 personas de una plantilla que formaban 80 trabajadores. “Tenemos una plantilla mínima, después de hacer un plan de ajuste basado en prejubilaciones”, afirma Conchi Jiménez, representante de UGT en el comité. Y lo mismo en las instalaciones de Cementos Molins en Sant Vicenç dels Horts. Se han prejubilado 30 personas, si bien el caso de Molins es singular: en 2010 invirtió 125 millones de euros en la modernización de su planta. Si la cosa remonta, su nuevo horno de cemento estará en plenas condiciones para responder al mercado.

Pero mientras que las plantillas de las compañías no sufren, sí lo hacen las de las empresas subcontratadas que operaban en las plantas. Los sindicatos dan por perdidos 132 puestos de trabajo indirectos en Uniland a partir de diciembre, que se sumarán al centenar destruido en Molins y a algunos más en Lafarge.

Las cementeras buscan ganancias alternativas, como es el caso del mercado de CO2. Es una de las ventajas que tiene no consumir los derechos asignados de forma gratuita —subvencionada por el Estado— entre 2008 y 2012. En el conjunto de España, a todas las cementeras les sobraron el año pasado 14,48 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivaldría a 185 millones de euros de ingresos en el mercado.