Castellón espera aprobar en abril el plan general de 2000 anulado dos veces
El PP aprueba en solitario la tercera exposición pública del plan El Ayuntamiento espera un decreto del Consell para que el urbanismo no se paralice
El pleno del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado hoy con los únicos votos a favor del PP una nueva exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2000 y sus modificaciones posteriores a la que obliga la sentencia del Tribunal Supremo que declaró este documento “radicalmente nulo”. Se trata de la tercera vez que el Consistorio trata de sacarlo adelante puesto que ya fue anulado por el Supremo en 2008. Entonces, el Ayuntamiento que presidía Alberto Fabra, junto con la Consejería de Urbanismo, llevaron a cabo un “simulacro de cumplimiento” al utilizar una “ficción legal” para aprobarlo por segunda vez.
En esta ocasión, el equipo de gobierno ha esperado hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano instara a su ejecución forzosa. “Venimos a cumplir la ley como lo hemos hecho hasta ahora, nadie nos puede discutir que el TSJ nos dijo (con la primera anulación) que habíamos obrado correctamente”, ha defendido el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet. El edil apuntó que “no ha habido intención de chanchullear la ley” y avanzó el calendario previsto. Así, el plan con sus modificaciones posteriores estará expuesto durante un mes y se prevé una aprobación provisional en enero. “El Consell podrá aprobarlo definitivamente en abril de 2013”, dijo.
Esta exposición incluye proyectos que ya han recibido varapalos judiciales como el PAI Mestrets, anulado por el TSJ y que incluye el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava y el edificio de la VIU proyectado por Frank Gehry, entre otras cosas.
Tanto PSPV como Bloc se han abstenido en la votación al considerar que en lugar de aprobar de nuevo el plan de 2000 se debe iniciar un plan nuevo ajustado a las nuevas exigencias. En este sentido, Mulet abrió la puerta a abrir “vías de debate”.
El inicio el proceso de exposición pública deja al urbanismo de la ciudad en un limbo jurídico, puesto que en este periodo no podría ejecutarse ni una sola actuación que no estuviera contemplada en el plan anterior de 1984. En este sentido, se prevé que el próximo viernes el pleno del Consell apruebe un decreto transitorio para dar cobertura legal y poder tramitar las licencias urbanísticas.
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