Novedades sobre el ‘Prestige’

A las puertas del comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña, en el que se dilucidarán las posibles responsabilidades penales por el hundimiento del buque Prestige, recibimos la mala noticia proveniente del Tribunal de Apelación de Nueva York. Confirmando una previa decisión de la juez que examinó el asunto en primera instancia, dicho tribunal ha desestimado la demanda civil presentada por el Gobierno español, por un importe de 1.000 millones de dólares, contra la sociedad clasificadora American Bureau of Shipping (ABS), la empresa encargada de certificar la aptitud del buque para la navegación y la única solvente de las implicadas en el caso.

Es cierto que frente a esta resolución cabría todavía un recurso extraordinario, similar al recurso de casación que tenemos en nuestro Derecho; pero los expertos en la legislación estadounidense señalan que las posibilidades de que tal recurso prospere son muy remotas, por lo que lo lógico es que el Gobierno español desista de interponerlo para no ver incrementada la factura de los altísimos honorarios de los abogados americanos (unos 30 millones de euros), factura que además podría verse aumentada en otro tanto si tenemos que abonar también la totalidad de los honorarios de los abogados de la sociedad ABS. En cualquier caso, nos enfrentamos a una astronómica cifra que en los dramáticos tiempos de crisis que corren difícilmente podría ser asimilada por los ciudadanos, con lo que haría bien el actual Gobierno español en cancelar cuanto antes este lamentable episodio de la aventura jurídico-política en tierras norteamericanas, a la que personalmente nunca vi futuro.

Por otra parte, la decisión del Tribunal de Nueva York deja en evidencia a todas aquellas opiniones (en su inmensa mayoría simples voceros de los Gobiernos Aznar-Fraga) que en los primeros meses posteriores al hundimiento del buque señalaban a los gestores de la sociedad ABS como unos de los presuntos máximos responsables penales de los daños ecológicos y patrimoniales causados por el vertido del fuel. Por de pronto, ya sabemos que al juicio penal que se celebrará a partir del próximo 16 de octubre en la Audiencia Provincial de A Coruña no asistirá ningún representante de ABS como imputado, pero conviene resaltar que lo que el Tribunal de Nueva York acaba de dejar claro es que ni siquiera existe una responsabilidad de carácter civil por imprudencia en la actuación de ABS y que ello se refleja de forma harto contundente en la resolución dictada por unanimidad de los tres jueces que integraban dicho Tribunal: “Con las evidencias aquí aportadas… ningún jurado razonable” podría inferir que los gestores de ABS “incumplieron su deber de manera imprudente, de forma que sus acciones \[las sucesivas revisiones técnicas del petrolero\] constituyeron una causa directa del accidente”. En suma, si con todo el arsenal probatorio utilizado por los abogados norteamericanos del Gobierno español (y fabricado con los 30 millones de euros) ni siquiera se ha podido acreditar lo menos, esto es, una mera responsabilidad civil por negligencia de la clasificadora ABS, ¿cómo iba a ser posible demostrar lo más, o sea, la responsabilidad penal?

Finalmente, hay un ulterior aspecto de relieve tras la decisión del Tribunal de Apelación de Nueva York: ésta nos puede proporcionar datos y argumentos de relevancia para determinar algunos aspectos que se plantearán en el juicio penal español (por más que tales datos y argumentos no sean vinculantes para el Tribunal español), habida cuenta de que el Tribunal norteamericano entró en buena medida en el fondo del asunto, o sea, en el análisis de la relación de causalidad entre las conductas de los sujetos implicados en el accidente del petrolero y los daños ecológicos y patrimoniales causados. Y es que, en efecto, si bien la línea argumentativa central del Tribunal del Nueva York va dirigida a analizar la posible responsabilidad de los gestores de ABS, algunos datos y argumentos podrán ser tenidos en cuenta a la hora de esclarecer la responsabilidad penal de las personas imputadas en el caso que se enjuiciará en la Audiencia Provincial de A Coruña: el capitán y los oficiales del buque, de un lado, y el exdirector de la Marina Mercante, de otro.