La comisión Uxotegi culpa a Izagirre sin probar su implicación
El informe hace responsable político de la ‘okupación’ al Gobierno local
La comisión de investigación sobre el caso Uxotegi, el inmueble donostiarra asaltado por un grupo de jóvenes ligados a la izquierda abertzale en septiembre de 2011, no ha podido determinar si desde el Ayuntamiento, en manos de Bildu, se trasladó una orden directa a la Guardia Urbana para que no interviniera en los hechos, que podrían ser constitutivos de un delito contra la propiedad privada. Las conclusiones de la comisión, presentadas ayer por su presidente, Ramón Gómez Ugalde (PP), sí determinan en cambio que el alcalde, Juan Karlos Izagirre, y todo su equipo de Gobierno son responsables políticos de la okupación del edificio.
Alrededor de una treintena de jóvenes accedieron el pasado 24 de septiembre a una vivienda de la Parte Vieja de San Sebastián. Cuando la Guardia Urbana se personó para impedir la toma e identificar a los asaltantes, el entonces secretario de Izagirre, Josetxo Ibazeta, se presentó ante los agentes como el “responsable” del grupo, en el que se encontraba su propia hija. El exconcejal de Euskal Herritarrok, que tuvo que dimitir el pasado mes de julio por increpar a unos aficionados de la selección española, se identificó ante los policías mostrando su tarjeta de visita del Ayuntamiento.
Queda en el aire si el alcalde influyó en la actuación policial
La presencia de Ibazeta, miembro del Gobierno municipal, constituye para la comisión, cuyo informe final ha sido elaborado por Gómez Ugalde y respaldado por PSE y PNV, una muestra de la responsabilidad política de Bildu en la okupación. “Resulta evidente que la presencia de un cargo de esa naturaleza en el lugar de los hechos y las declaraciones públicas realizadas días antes por el Gobierno Municipal en torno al desalojo de Kukutza favorecieron la adopción de decisiones tendentes a no impedir la ocupación del edificio por parte de los mandos de la Guardia Municipal”, recoge el texto.
El informe de la comisión, de 21 páginas, además pone especial foco en las contradicciones sobre la actuación de los agentes por parte de dos mandos de la Guardia Urbana, en concreto, la oficial de guardia, Maite de la Huerga, y el subcomisario, Joxe Anta. El grupo de trabajo ha concluido que “los agentes que intervinieron en la actuación realizaron su trabajo siguiendo las órdenes e instrucciones que se les dieron”, es decir, la de no actuar e impedir que los jóvenes accedieran al edificio. Una actuación diametralmente opuesta a la que desarrolló la policía municipal pocos días más tarde cuando tres simpatizantes del 15-M tomaron el Edificio Bellas Artes y en menos de 24 horas fueron desalojados, frente a los tres meses que los jóvenes de Uxotegi permanecieron en el inmueble.
El subcomisario: “Mandan los que están arriba”, en alusión a Bildu
Los 10 agentes que acudieron al número cinco de la calle Gaztelubide, según recoge el cruce de llamadas entre estos y sus superiores, abandonaron el lugar después de que el subcomisario Anta relatara a uno de sus efectivos: “Mandan los que están arriba, los que están ahora. Tenemos las manos atadas”. Anta se desdijo de sus palabras en la comisión y aseguró que no dio ninguna orden a sus efectivos, mientras que De la Huerga apuntó que siguieron las instrucciones del subcomisario.
Es en este punto en el que la comisión no ha podido determinar si un telefonazo desde el Ayuntamiento hizo a los mandos de la Guarida Urbana actuar en un sentido u otro. Gómez Ugalde denunció ayer que Izagirre no ha querido facilitar los datos relativos a las llamadas que se produjeron ese 24 de septiembre desde el Consistorio a la comisaría.
