El juez pide al Palau que aclare si renuncia al dinero de Convergència

El juez que investiga el desfalco del Palau de la Música Catalana, Josep Maria Pijuan, ha pedido a los responsables de la institución musical que aclaren si renuncian a ejercer acciones legales contra Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El partido nacionalista se embolsó, presuntamente, 3,2 millones del dinero saqueado a través de Fèlix Millet y Jordi Montull. Según los investigadores, hay indicios que apuntan a la financiación irregular de Convergència con “entregas opacas de dinero en efectivo” y facturas falsas.

El pasado julio, el juez impuso una fianza por esa misma cantidad que CDC avaló con su sede central de Barcelona. Pijuan ordenó, además, que el partido de Artur Mas figurase como responsable civil a título lucrativo. O sea que, en caso de condena, deberá devolver el dinero. Seis días después de aquella decisión, los gestores de la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música y de la Associació Orfeó Català remitieron al juzgado un escrito ambiguo en el que, al tiempo que reclamaban por los daños sufridos, eximían de toda culpa a Convergència.

Los letrados del Palau consideran que “no hay indicios” en la investigación que permita hablar de pagos irregulares a CDC. Y argumentan que tampoco “constan créditos” contra el partido, por lo que no tiene sentido reclamarle nada. En su escrito piden al juez, en cambio, que incremente en 3,2 millones la fianza impuesta a los saqueadores confesos del Palau, Millet y Montull.

En su comparecencia del pasado 28 de julio en el Parlament para dar explicaciones por el caso Palau, el secretario general de CDC, Oriol Pujol, exhibió el escrito y lo presentó como un balón de oxígeno para el partido. Apenas media hora más tarde, el Palau difundió un comunicado en el que aclaró que siempre ha “exigido” la devolución del dinero como principal perjudicada por el expolio. La polémica se prolongó aún en los días sucesivos. El Orfeó desmintió al partido nacionalista al afirmar que no le ha exonerado de responsabilidad.

Ante las dudas suscitadas por el escrito del Palau, Pijuan ha solicitado ahora a sus responsables que aclaren “si renuncian o no expresamente a la acción civil” contra CDC “en el supuesto caso de que se puedan considerar perjudicadas en la cuantía de 3,2 millones”.

Los gestores del Palau ya han hecho saber al juez que renuncian a ejercer esas acciones contra el secretario de inmigración de Convergència, Àngel Colom, que en el año 2000 recibió 75.000 euros de de Millet como una “ayuda” para pagar las deudas del extinto Partit per la Independència. El caso de Colom es muy distinto, ya que el pasado julio alcanzó un acuerdo con el Palau para devolver esa cantidad a plazos. Según el convenio firmado entre ambas partes, Colom recibió el dinero “de buena fe”, y solo después, una vez hubo estallado el escándalo que convulsionó a la sociedad catalana, supo de su procedencia irregular.

La defensa de Convergència ha presentado un recurso contra la imposición de la fianza. Según razona el abogado Javier Melero, la decisión del juez “no se ajusta a derecho” y es “gravemente lesiva”. Melero precisa en su escrito que no hay “ningún indicio” de que CDC recibiese el dinero, y menos aún a cambio de la adjudicación de obra pública a Ferrovial. El auto judicial, añade, se basa en una “mera sospecha”, y el supuesto tráfico de influencias es “una elucubración evanescente”.