Frente común en el Segrià para denunciar la construcción de un vertedero en Seròs

La construcción de un vertedero industrial en Seròs (Segrià), a 26 kilómetros de Lleida, ha desatado la polémica en muchos municipios del sur de la comarca. Seròs ha dado el visto bueno pero las poblaciones vecinas rechazan masivamente el proyecto. Argumentan que la proximidad de la infraestructura les perjudicará y no les reportará beneficios. El depósito se levantará a 11 kilómetros del núcleo urbano de Seròs, de unos 1.900 habitantes, y bastante cerca de Maials o Almatret.

En el consejo de alcaldes del Segrià, que tuvo lugar ayer en Lleida, se respiraba tensión. En el orden del día: propuestas de actuación tras la aprobación la semana pasada de la licencia ambiental por parte de la Generalitat al proyecto del polémico depósito. El consejo acordó finalmente llevar el caso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Presentará un recurso contencioso administrativo, decisión que refleja el rechazo político y social unánime del territorio. En la votación se abstuvieron cuatro municipios (Almenar, els Alamús, Lleida y Massalcoreig).

“Los productos almacenados en el valle apestarán”, argumentó David Masot (CiU), alcalde de Maials, uno de los municipios detractores. “Además, si hay tormenta, el agua arrastrará los productos tóxicos hasta la presa de los sistemas de riego”, continuó. La empresa privada promotora de la planta, Dipòsits Controlats de Catalunya (DCC), descarta esta posibilidad. “Solo recibiremos residuos industriales no peligrosos”, argumentó Martí Solé, director del negocio.

Por su parte, el alcalde de Seròs, Gabriel Pena (ERC), no entiende las quejas de los otros consistorios y, menos aún, “tras el informe de la Generalitat en el que se descartan los riesgos medioambientales”. El único edil defensor de la planta cree que los recursos contra el depósito no prosperarán ya que “cumple con todos los requisitos legales”, aunque denunció que el gobierno convergente tiene intención de retardar el proceso de construcción. “La mayoría de municipios que están en contra son de su color político”, apuntó el alcalde republicano.

La Generalitat ya anunció la semana pasada que autorizará la infraestructura pero con una condición: conocer el proyecto ejecutivo de las instalaciones, que tendrá que recibir el visto bueno de la dirección general de Calidad Ambiental. “Es una garantía adicional de seguridad tras las alegaciones de vecinos, regantes, cooperativas y ecologistas”, explicó el delegado de la Generalitat en Lleida, Ramon Farré.

“El depósito perjudicará la agricultura con denominación de origen y las iniciativas para atraer turistas”, se quejó el presidente del Consell Comarcal del Segrià, Pau Cabré. La licencia ambiental es una de las dos autorizaciones que la Generalitat tiene que emitir para que el proyecto sea una realidad. El siguiente paso es que la comisión de Urbanismo de Lleida dé su visto bueno.