El PP pedirá 25 comparecientes para la segunda ronda de la comisión de los ERE

Si estás en minoría, mide tus fuerzas. Ésa parece la consigna del grupo parlamentario del PP en la comisión de investigación sobre los ERE. Después de una primera petición para que comparecieran 135 personas para aclarar las responsabilidades políticas del escándalo, los populares reducirán su lista de propuestas a poco más de 25 personas.

El PP está en minoría frente a PSOE e IU que no quieren retrasar la finalización de la comisión, y se trata de no errar el tiro y convencer a los otros dos grupos, especialmente a IU, de que ciertos protagonistas son absolutamente necesarios para saber la verdad y determinar las responsabilidades políticas, objetivo de la comisión por encima de los intereses partidistas, patentes ante los interrogatorios del PSOE y PP, muy leves cuando sus dirigentes respondían.

Después de unos primeros días de silencio, la comisión oyó por boca de los responsables de la Consejería de Empleo y otros departamentos las dudas legales que generaron la concesión de ayudas de manera “discrecional” o “arbitraria” a empresas, según el prisma que se emplee para extraer conclusiones.

Entre los nombres que pedirá el PP destacan el intruso y exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo, el intermediario Juan Lanzas, la interventora general de la Junta, Rocío Marcos, y el interventor que hizo el primer informe crítico sobre el procedimiento de ayudas. Además, los populares pedirán que acuda Juan Francisco Trujillo, exchófer del director general de Trabajo Javier Guerrero, en prisión preventiva. Izquierda Unida estuvo cerca de aprobar esta presencia, pero el PSOE vetó su aprobación y logró convencer a su socio de coalición en la Junta, informó Efe. “Estuvo a punto de salir ya en la primera ronda porque IU estaba dispuesta, pero se retiró de la mesa porque el PSOE se negó”, dijo el portavoz del grupo popular, Carlos Rojas. El PP va a incluir en su lista a representantes de las aseguradoras “porque son absolutamente clave” en la consecución del fraude.

Rojas avanzó que el PP pedirá la documentación que ya les fue denegada, para examinar “hasta la última cifra”, entre estas la contabilidad del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). “Cueste el tiempo que cueste”, remachó. Asimismo, censuró la actitud de IU porque cree que “juega a dos personalidades políticas diferentes”, y que antepone su papel de socio de coalición en la Junta al interés por sacar a relucir la verdad. El PP estima que la comisión no debería acabar a finales de septiembre, tal y como estaba previsto.

Mientras, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, opinó que el resultado de la primera fase de comparecencias en la comisión es “positivo”. “Va a servir a los intereses de Andalucía y va a poner luz y taquígrafos”, consideró sobre un tema con “largo recorrido”. Valderas abogó porque el Gobierno resuelva los huecos administrativos para que este fraude no se pueda volver a dar, informó Europa Press.

Por su parte, la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, señaló que la comisión ha puesto de manifiesto que los fondos de ayuda al empleo son iguales y que es necesario investigar “el uso indebido” por parte de “alguna persona”. “Estamos hablando de unos fondos que son legales”, dijo sobre la comparecencia del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, una comparecencia plagada de argumentos a favor y en contra del procedimiento de ayudas, y que tanto PSOE como PP intentan fagocitarlo como un apoyo a sus tesis para defender o atacar el fondo para empresas en crisis.