Rosado puntualiza que las ONG no costearán la atención a los sin papeles

La polémica generada por el anuncio realizado el martes por el consejero de Sanidad, Luis Rosado, de derivar los pacientes sin papeles hacia las ONG o la beneficencia obligaron ayer a una matización por parte de la Generalitat que siempre ha sostenido que prolongaría la atención a los 30.000 extranjeros en situación irregular que se calcula que existen en la Comunidad Valenciana.

El Gobierno valenciano, que preside Alberto Fabra, forzó una “aclaración” por parte de Rosado, a última hora de la tarde, tras la reunión mantenida en Valladolid con los consejeros autonómicos y la ministra Ana Mato.

En declaraciones transcritas por la propia Consejería de Sanidad, Rosado aclaró que la asistencia sanitaria de los sin papeles “no correrá a cargo de las ONG o de la beneficencia”, sino que “la consejería establecerá los acuerdos pertinentes con estas organizaciones para canalizar cuáles son sus necesidades”.

Rosado, no obstante, no se salió del guion marcado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, y —contrariamente a lo establecido por las propias instrucciones desarrolladas por su consejería y enviadas en julio a los centros de salud y hospitales— aseguró que a quienes no tengan derecho a cobertura sanitaria gratuita “se les deberá facturar por ello”.

Lluvia de críticas de la oposición por la improvisación de la consejería

En el caso de la Comunidad Valenciana, añadió, “se suscribirán convenios a través de programas sociales o de cooperación para que las personas irregulares y sin recursos, cuya situación sanitaria lo exija, puedan ser asistidas, sin generar por ello un derecho a la sanidad gratuita”.

Esta fórmula es diferente de la contenida en las instrucciones que la Consejería de Sanidad envió a los centros de salud donde proponía qué hacer con los 30.000 extranjeros que el sábado 1 de septiembre perderán el derecho a tener una tarjeta sanitaria. La Generalitat ideó una fórmula para “normalizar” esta situación a través de una tarjeta nueva “con carácter excepcional y transitorio”.

Fuentes de la Administración valenciana confirmaron su “extrañeza” por las declaraciones del martes de Rosado, puesto que el nuevo modelo valenciano de colaboración público-privada “todavía está en el aire” y la “colaboración con las ONG ya se venía haciendo”.

"El sábado 1 nadie va a quedar desatendido", aseguran desde la Consejería de Sanidad. Este departamento aclaró ayer que el convenio no supondrá un coste para las entidades sociales que colaboren. “Se está trabajando en un modelo que contemple un plus o un suplemento para las ONG o entidades de bienestar social o servicios sociales municipales que atienden a esas personas, pero la asistencia médica seguirá siendo en la red pública”. La intención de Sanidad es poder “controlar” la asistencia médica que se brinda a los pacientes irregulares sin papeles y, en muchos casos, también sin techo.

De entrada, el nivel asistencial que se pueda brindar a través de este tipo de entidades que se dedican a la cooperación es más bien dudoso, ante la debilidad estructural (funcionan básicamente mediante personal voluntario) y la limitación de medios que padecen las asociaciones valencianas y que se han agravado con la deuda del Consell.

El consejero de Sanidad, Luis Rosado, explicó el martes que las ONG se harían cargo de la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular mediante convenios y destacó ejemplos como algunos “para la atención a personas sin techo”. Sin embargo, en la actualidad, Sanidad tan solo ha firmado tres acuerdos con organizaciones y, en todos los casos, para la atención de niños, un extremo que ya garantiza el Real Decreto del Ministerio de Sanidad, que entra en vigor el sábado.

Los tres acuerdos, cerrados en 2008, se firmaron con la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el pueblo saharaui para la atención sanitaria de los refugiados durante las vacaciones en paz, con la Asociación de niños de Ucrania-Castellón (Aniukcas) para la atención también durante el programa de vacaciones; y con la Fundación Juntos por la Vida que atiende a niños ucranianos y de otros países en vías de desarrollo en programas de acogimiento familiar.

“El convenio es para que los niños dispongan de la tarjeta sanitaria durante los dos meses del programa, son niños que necesitan un control sanitario estricto porque proceden de Chernóbil, la asociación no paga por estas atenciones”, explica Mercedes Martínez, presidenta de Aniukcas. Este año se han beneficiado del programa 47 niños.

También desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui destacaron que el convenio es para facilitarles la tarjeta que les da acceso a la Sanidad. “En nuestro caso sería inviable pagarlo, no nos han comunicado que esto vaya a cambiar porque para nosotros sería tremendo, las ONG no podemos hacer frente a ese gasto”, apuntó desde la asociación de Valencia, Carmen Carvajal.

Lo único claro a tres días de que se aplique el real decreto —por el que unos 30.000 inmigrantes perderán su tarjeta sanitaria— es que “en los nuevos convenios se definirá la modalidad de la facturación por la atención”.

La lluvia de críticas por parte de la oposición arreció ayer ante la inseguridad que han generado las declaraciones de Rosado, en un momento en que el modelo de colaboración público-privada no está claro, como reconoce la propia Generalitat.

Mònica Oltra de Compromís ha pedido ya la comparecencia del consejero Luis Rosado en las Cortes Valencianas, para que explique “¿cómo piensa que las ONG puedan dar atención sanitaria a los inmigrantes, si ya se encuentran ahogadas por los impagos del Consell?”. Oltra subrayó que otras comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León, ya habían anunciado que “el derecho a la asistencia sanitaria seguirá garantizado”.

Para Esquerra Unida, “dejar en manos de las ONG la sanidad de los inmigrantes sin recursos económicos es una medida discriminatoria y racista”. El diputado Ignacio Blanco la calificó de “apartheid sanitario”.

Ximo Puig, secretario general del PSPV-PSOE, calificó el modelo de Rosado de “despropósito masivo. La salud es un derecho, no es una cuestión de beneficencia”. Las medidas que van a aplicar el Gobierno central y el autonómico van a propiciar “un descontrol sanitario que no solo afectará a inmigrantes, sino que repercutirá en todos los ciudadanos, por ejemplo en patologías infecciosas que van a tener un tratamiento más dificultoso por falta de control general”, continuó el dirigente socialista.