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el parlamento investiga los ere

Zarrías afirma que desconocía el procedimiento para los ERE

El exvicepresidente defiende la gestión del exconsejero imputado Fernández

Javier Martín-Arroyo
Gaspa Zarrías, momento antes de su comparecencia antes la comisión de investigación.
Gaspa Zarrías, momento antes de su comparecencia antes la comisión de investigación. pérez cabo

El exvicepresidente de la Junta y diputado a Cortes Gaspar Zarrías ha afirmado este miércoles que desconocía el procedimiento que utilizó el Gobierno para aprobar cada año el fondo para empresas en crisis entre 2001 y 2010, centro del debate en la comisión de investigación sobre los ERE. “No tenía conocimiento del procedimiento”, ha respondido el número dos del Ejecutivo durante la presidencia de Manuel Chaves. Zarrías realizó durante años gestiones para diversas ayudas a empresas que se acogieron al fondo de la Consejería de Empleo, algunas de ellas propiedad del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos.

El exconsejero de Presidencia ha alegado que desconocía que el fondo dotado con 647 millones se sustentaba en el convenio marco de 2001. “Me parece una irresponsabilidad política ese desconocimiento”, le ha reprochado el portavoz popular Carlos Rojas. “Es su opinión”, ha replicado Zarrías al alegar que existían cientos de procedimientos en la Junta, una Administración con 33.000 millones de presupuesto, cientos de procedimientos y 12 consejerías.

Zoido niega que el Gobierno central pagara ERE con intrusos en Huelva

Ayer Zarrías aceptó de buen gusto el calificativo de “todopoderoso” que le aplicó la diputada de IU Alba Doblas. “Ni siquiera el todopoderoso es capaz de conocer todos los procedimientos”, se excusó el exdiputado durante 27 años, conocido por el gran poder que acaparó en el anterior Ejecutivo andaluz.

La negativa del diputado socialista sobre el conocimiento del convenio marco sucede después de que diversos altos cargos socialistas hayan esgrimido ante la comisión que todos los diputados del Parlamento debían conocer el convenio, al estar este referenciado en las memorias de los presupuestos que cada año aprobaba la Cámara.

Las comparecencias de ayer estuvieron marcadas por la declaración del ex interventor general, que el día antes dio argumentos a los tres grupos parlamentarios sobre las alertas de su departamento. La versión del ex alto cargo defendió la legalidad y transparencia del fondo, al tiempo que remarcaba las deficiencias detectadas y cómo las tres consejerías alertadas eludieron su responsabilidad para mover ficha y cambiar el procedimiento. Pero estos reproches a los exconsejeros también tienen una segunda lectura exculpatoria: la juez Mercedes Alaya avanzó la previsible imputación del ex interventor general porque opina que se confabuló con la cúpula de la Junta para evitar emitir informes de actuación, a pesar de que había señales de menoscabo de fondos.

Las comparecencias de Griñán y Chaves se posponen hasta cerrar la comisión

Mientras, Zarrías ha defendido la labor de su “buen amigo” el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado tras su imputación en la causa judicial y en libertad desde hace tres semanas. “Hizo un buen trabajo y me reafirmo en que fue un gran consejero”. El apoyo sin fisuras de Zarrías contrasta con las acusaciones veladas de diferentes exconsejeros sobre cómo el foco de las irregularidades destapadas se centralizó en Empleo, consejería que Fernández dirigió durante seis años (2004-2010).

El exconsejero ha defendido las ayudas sociolaborales como un remedio necesario ante las crisis industriales. “El Gobierno decide entonces no mirar para otro lado. No es sordo ni mudo ni ciego y puso en marcha este mecanismo para que las empresas no cerraran”, ha explicado.

En su alegato final, el compareciente ha cargado contra el caso judicial y presentó al PSOE como una víctima: “Es una causa general contra el partido socialista.(PARA EL PP) (...) El objetivo no es conocer la verdad, sino dinamitar el Gobierno de coalición actual. En política no vale todo. Ustedes ya son mayorcitos”, espetó a los diputados de la Cámara.

Curiosamente el calificativo de “causa general”, que implica un proceso sin garantías de defensa, fue utilizado asimismo por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), que ha comparecido por su etapa como delegado del Gobierno, para responder por las ayudas que en 2003 logró del Ejecutivo central para el ERE de la Faja Pirítica en Huelva. Y durante tres horas fue el mundo al revés. El PSOE comenzó a interrogar después de días de preguntas tibias y el PP olvidó su tono incisivo para brindar respuestas fáciles.

El rifirrafe entre los grupos estuvo motivado porque la documentación del ERE solicitada por la comisión llegó solo horas antes de la comparecencia de Zoido a pesar de haber sido solicitada hacía semanas. Ante esta casualidad, la diputada de IU Alba Doblas avanzó que volverán a pedir que Zoido comparezca tras estudiar la documentación.

El presidente del PP andaluz rechazó que conociera la existencia de irregularidades en los expedientes. “No hay ni un solo intruso entre los trabajadores a las que el Gobierno, central, concedió ayudas”, argumentó.

Hoy comparecen los exministros Eduardo Zaplana y Javier Arenas en la comisión, que aprobará posponer la comparecencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el expresidente Manuel Chaves, hasta el final de la segunda ronda de declaraciones en septiembre.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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