El Ministerio del Interior cierra el cerco sobre los actos del sindicato de jornaleros

El Ministerio del Interior se ha decidido a sofocar las actuaciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la organización jornalera que lideran Diego Cañamero y el diputado de IU en el Parlamento de Andalucía Juan Manuel Sánchez Gordillo. En la tarea se ha implicado personalmente el ministro, Jorge Fernández Díaz, que el pasado martes telefoneó al dueño del palacio de Moratalla, en Hornachuelos (Córdoba), cuyos jardines fueron ocupados durante un día por los integrantes de la marcha obrera que recorre estos días Andalucía.

Fuentes del Ministerio del Interior han reconocido esta tarde que Fernández Díaz en persona llamó a los propietarios del palacio, que se encuentra en fase de reforma para convertirse en hotel, y les comunicó que si no presentaban una denuncia, la Guardia Civil no podía llevar a cabo el desalojo de la finca.

Fernández Díaz afirmó que la ocupación del palacio de Moratalla

El propio Fernández Díaz ha afirmado este jueves que la ocupación del palacio de Moratalla fue “una patochada” de Gordillo “con la absoluta connivencia” del propietario, el duque de Segorbe. El dueño de la finca denunció, según Interior, siete horas después de que los jornaleros abandonaran la propiedad y únicamente refirió el corte de unos alambres. “Si hay una connivencia, que se sepa”, exclama y añade que “no se juegue con el Estado de derecho, con la imagen de España, ni con la Guardia Civil o la Policía”.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la comunidad, Carmen Crespo, afirma que ha dado órdenes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que no se repita esta “campaña de amenazas, ocupaciones y asaltos a la propiedad privada y nuevos atentados contra el Estado de derecho”. Crespo ha exigido a la Junta de Andalucía que “ayude a poner orden para que no ocurran más estos hechos”.

La marcha obrera para reclamar el fin de los recortes en derechos sociales no entrará, de momento en la provincia de Malaga después de que la Subdelegación del Gobierno no autorizara la convocatoria al haberse solicitado con menos de 10 días de antelación.

El sindicato registró el 10 de agosto una primera petición para marchar a pie desde Antequera hasta la capital malagueña a través de la autovía A-45 los días 23 y 24 de este mes. Sin embargo, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, desautorizó la marcha por esa vía rápida al entender que suponía un riesgo grave para la seguridad del tráfico y de los participantes en la manifestación.

Ante la negativa, los organizadores solicitaron el pasado 16 de agosto una nueva autorización. Esta vez se trataba de viajar en autobuses entre Antequera, Casabermeja y Málaga y realizar marchas a pie por los cascos urbanos de estas localidades. La petición fue nuevamente desestimada por Hernández Mollar, esta vez porque no se había pedido con la antelación suficiente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló la prohibición.

Los sindicalistas han asegurado que la marcha obrera pasará por la provincia de Málaga “en próximas fechas”. Fuentes cercanas al SAT han afirmado que “la intención es pedir una nueva autorización para el próximo 4 de septiembre”. La marcha solicitada discurriría a pie por carreteras secundarias entre Antequera y la capital malagueña, según las mismas fuentes.

Mientras tanto, la marcha ha entrado hoy en Córdoba escoltada por un fuerte contingente de policías y guardias civiles que impidió que los jornaleros se acercaran a una gran superficie comercial, informa Manuel J. Albert. El subdelegado del Gobierno en la provincia, Juan José Primo Jurado, ha afirmado que se sancionará a las personas que hubieran sido identificadas durante la marcha por la ciudad ya que la manifestación “no había cumplido los preceptos legales de comunicar su llegada a Córdoba”.