Las entidades locales acusan al Gobierno de usarlas para engañar a la UE
Las ELA acusan al Gobierno de utilizarlas para justificar una reducción de la administración
Las Entidades Locales Autónomas se han puesto en pie de guerra contra la decisión del Gobierno central de suprimirlas dentro del proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Sus responsables creen que el Ejecutivo de Mariano Rajoy las está utilizando en una "operación de engaño" ante Bruselas, al justificar su supresión en la reducción del déficit público.
"No podrán afirmar que con eso van a reducir el déficit porque estas entidades no reciben ni un euro del Estado, sino que se nutren de los impuestos del municipio matriz que tiene la obligación de consignar en sus presupuestos las partidas", afirmó este miércoles en Jaén el presidente de la Federación de Entidades Locales Municipales (Faem), Antonio Martín, quien alertó que las intenciones del Gobierno pone en peligro el futuro de 48 entidades de este tipo en la comunidad andaluza y más de 3.700 en todo el país.
Por tanto, Martín sostiene que se trata de un "lavado de cara" de España ante la Unión Europea. "Podrán decir que la administración local se ha reducido un 25% pero no así el déficit".
La junta directiva de la Federación Estatal de Entidades Locales Menores recibió ayer el apoyo a sus pretensiones por parte del PSOE, en un encuentro celebrado en Jaén con los secretarios de Política Municipal federal y andaluz, Gaspar Zarrías y Francisco Conejo, respectivamente. Los dos mostraron su no rotundo a la propuesta de supresión de estos entes locales al tiempo que anunciaron una propuesta alternativa socialista.
Deuda municipal
Zarrías subrayó que es falso que los entes locales pequeños sean los culpables de la deuda, del déficit o de los problemas económicos del país. Recordó que la deuda de los ayuntamientos asciende a 28.000 millones de euros sobre un total de 800.000 millones del conjunto de las administraciones y recalcó que esa deuda municipal tiene, además, "nombres y apellidos", ya que son los ayuntamientos de Madrid (8.500 millones), Valencia o Barcelona, los que acumulan la mayor parte de esa deuda.
"Hace falta una ley seria y rigurosa para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios, pero no para desapoderar a los pequeños ayuntamientos ni para que las competencias se trasladen a otros organismos o se acaben prestando desde la esfera privada", argumentó.
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